La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) denunció hoy en el Ministerio de Trabajo a las empresas Danone Argentina S.A. y Logística Serenísima S.A. por haber iniciado “un importante proceso de reducción de personal en varias dependencias y establecimientos nacionales en plena pandemia de coronavirus”.
En un escrito dirigido a la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcelló, el sindicato que conduce Héctor Ponce sostuvo que las empresas decidieron reducir personal en plena pandemia de la Covid 19 y en “emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, energética, sanitaria y social”, determinada por la Ley 27.541, ampliada por decreto 260 y prorrogada por el 891/20.
“Esas empresas también incumplen obligaciones pendientes, de forma oportuna señaladas por la conducción de la Atilra para su regularización y, todavía, no fueron subsanadas”, señaló el escrito firmado por el apoderado del gremio, Julián Coronel.
El abogado denunció que la reducción nacional de personal “no se realiza en el contexto de las regulaciones laborales previstas -prohibición de despedir y ausencia de procedimientos por ‘crisis empresaria’-, que no fueron tramitados porque, precisamente, pretende ejecutarse en un marco de ilegalidad”, sostuvo el escrito a la funcionaria.
El gremio también denunció “una maniobra perversa” a partir de “una operación de medios de prensa para instalar un inexistente peligro de cierre de las operaciones en el país a fin de generar incertidumbre y pánico entre los trabajadores, y como forma de presión para que acepten las desvinculaciones, que procuran encubrir como retiros voluntarios”.
La Atilra reclamó “la urgente intervención” de Marcelló ante “el claro intento patronal de eludir la prohibición de producir cesantías, dispuesta por el decreto 891/20”.
“El ofrecimiento es dirigido a los trabajadores más vulnerables a la emergencia sanitaria, como los dispensados de asistir a los lugares de tareas por integrar grupos de riesgo. Las patronales procuran ventajas en una situación de crisis con una conducta intempestiva, dolosa, alejada de toda responsabilidad social y contraria a derecho, por vulnerar las disposiciones que protegen el empleo, la economía, la salud y la seguridad social”, afirmó.
Ponce también denunció que esas empresas de forma oportuna recibieron planes de asistencia a la producción de parte del Gobierno nacional, cuya utilización de manera clara implicó “el compromiso de no reducir la plantilla de personal durante la pandemia”.
El gremio reclamó la inmediata intervención de la funcionaria laboral para evitar “la escalada de un conflicto gremial laboral, que estaría plenamente justificado”, concluyó.
Fuente: Agencia de Noticias Télam.
