Un violento desalojo de una familia que alquilaba y vivía en una vivienda de calle Las Glicinas sacudió el fin de semana festivo en el barrio Itaembé Guazú de Posadas.
Es que una mujer y sus hijos menores debieron soportar el asedio de quien le alquilaba el inmueble, aparentemente un sargento de la Policía, quien el sábado acudió con otras personas a recuperar la casa y desalojar a sus inquilinos, ejerciendo amenazas y violencia, como muestra un video que la asustada mujer atinó a grabar con su celular.
Según se supo después, la tensa situación se produjo debido a que la familia había decidido denunciar ante el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) la irregularidad cometida por su “casero”, ya que las viviendas construidas por ese organismo no se pueden alquilar.
Según explicó a PRIMERA EDICIÓN María Silvia Jouliá, gerente social del IPRODHA, la mujer desalojada (quien alquilaba el inmueble desde el 14 de mayo de 2018) había presentado la denuncia por mesa de entradas el 19 de noviembre de este año, adjuntando como pruebas capturas de mensajes de celular.
El 9 de diciembre, trabajadores del Instituto hicieron la visita social para confirmar el estado ocupacional de la vivienda y -en virtud de la resolución reglamentaria Nº 205, emitida en 2018 y por la cual estos casos se resuelven de forma inmediata para que la familia que está alquilando no se quede en la calle– el pasado 21 de diciembre el expediente ya tenía dictamen jurídico a favor de la familia y mediante la resolución 1.662 se le revocaba al titular y se dejaba la casa liberada para que después se le readjudique a la familia.
“Lo que todavía no está es el instrumento de readjudicación, pero sí el de revocación al titular original, lo que pasa es que no se le llegó a notificar (antes de que estallara el conflicto) porque justo llegaron los feriados de Navidad”, aclaró Jouliá.
Ahora, el tema del desalojo violento quedó en manos del juez de Instrucción Fernando Verón y lo que empieza el Instituto es el proceso de readjudicación, “donde la familia ya presentó toda la documentación que se le pidió, ya firmó el consentimiento del precio de la vivienda y las cuotas. Ahora hay que esperar los diez días de plazo desde la publicación de la resolución (de revocación) para que quede firme y a partir de ahí ya se puede hacer la readjudicación, así que para los primeros días de enero la vivienda estaría en condiciones de ser readjudicada a esta familia”, detalló la gerente social del IPRODHA.
También aclaró que los futuros nuevos titulares “empiezan a pagar la vivienda desde cero, aunque como es de 2015, no es el mismo valor que una nueva“, ya que se tiene en cuenta la amortización y otros conceptos a la hora de fijar el precio total y las cuotas.
Respecto a la ilegalidad cometida por el ahora exadjudicatario de la vivienda, de alquilarla a un tercero, Jouliá puntualizó que “en 2015, cuando se entregó la vivienda, esa persona vivió en el lugar y siempre mantuvo las cuotas al día. Esta es la primera denuncia formal que recibimos (sobre esa vivienda en particular) y si la familia que está adentro no denuncia, el Instituto no tiene forma de enterarse de la situación interna. Por eso siempre pedimos que denuncien, porque si no, queda en la nada”.
“Es un hecho ilegal -remarcó-: cuando se entrega una casa la persona firma una serie de obligaciones y sabe que no puede subarrendar la vivienda, que tiene que vivir en ella y estar al día con las cuotas y se compromete a un montón de cosas que sabe que son así, entonces siempre buscamos que se denuncie, y además cuando hay denuncia todo es mucho más rápido“, animó la funcionaria.
Por año, el IPRODHA recibe alrededor de un centenar de denuncias vinculadas a la resolución 205, es decir, el alquiler irregular de sus viviendas.
