Por: Mariela Belski
Abogada, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina
La Cámara de Diputados dio un nuevo paso histórico con la media sanción al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Argentina vuelve a tener la oportunidad de consolidarse como un referente en el avance hacia la protección de los derechos de las mujeres, adolescentes y personas con capacidad de gestar, en caso de aprobar definitivamente la legalización del aborto. Rápidamente, la sociedad vuelve a mirar al Senado donde hace dos años quedó trunca la sanción de la ley. Esta vez, con el apoyo del Poder Ejecutivo y un vibrante reclamo de la sociedad civil, no hay margen para volver a darle la espalda a las mujeres.
En estos dos años, quedó de manifiesto que se debate un problema de salud pública que afecta a las mujeres, particularmente a las de los sectores más vulnerables, y que la ilegalidad no impide los abortos, sino que sólo los hace más inseguros.
Por eso, es importante visibilizar que el riesgo es desigual para las mujeres según su nivel socioeconómico: están aquellas con los recursos económicos para pagar un aborto clandestino seguro y quienes arriesgan su salud por no poder afrontar ese gasto.
El Estado, con su política de penalización, no logró incidir en la decisión de las mujeres, pero sí las expuso a la obligación de poner en juego su vida.
Desde una perspectiva política, el resultado en el Senado aún se presenta incierto, aunque los sondeos previos permiten mantener el optimismo. En un una Cámara donde la voz de los gobernadores tiene particular incidencia, son claves las gestiones que el presidente, Alberto Fernández, realice para sumar apoyo al proyecto elaborado por su gabinete.
Al mismo tiempo, el debate se presenta como una oportunidad para que el frente que gobierna el país muestre si puede encolumnarse detrás del liderazgo presidencial, uno de los aspectos más cuestionados al espacio oficialista.
Al mismo tiempo, es especialmente relevante la actitud que el bloque radical asuma en este debate. Es esperable que un espacio que impulsó una ampliación de derechos como el divorcio civil durante la presidencia de Raúl Alfonsín, esté en el lugar correcto de la historia y apoye este nuevo paso para acompañar la autonomía y el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes argentinas, como lo hizo ayer en Diputados. En este debate no hay lugar para la especulación partidaria para oponerse a una supuesta iniciativa presidencial.
Este proyecto es un logro del colectivo de mujeres motorizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Finalmente, es esperable que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien hace dos años acompañó el aborto legal con su voto, tenga un rol activo para conseguir los consensos necesarios de forma transversal para dar un pronto tratamiento.
Como presidenta de la Cámara alta, su cintura política será clave para que la Argentina se adecue a los estándares internacionales de derechos humanos, que imponen garantizar el derecho a la igualdad, la vida, la integridad física, la libertad, autonomía y no sufrir torturas ni malos tratos.
La media sanción de Diputados es un hito que se suma a una historia de numerosas luchas para la conquista de derechos fundamentales en nuestro país.
Hoy el aborto es un tema central e impostergable de la agenda política. Senadores, despenalizar el aborto es un imperativo de derechos humanos.
