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El aborto clandestino es 21 veces más caro que la interrupción legal, según estudio

12 diciembre, 2020
Aborto - Brasil

El Estado tendría un considerable ahorro fiscal si se sanciona la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), ya que de esta forma los tratamientos podrían tener un costo hasta 21 veces menor al que representa la atención de las consecuencias de un aborto incompleto realizado bajo condiciones de riesgo, según una investigación llevada a cabo por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La investigación interdisciplinaria del Observatorio de Géneros de la entidad analizó la problemática desde un ángulo diferente a los habituales, al considerar el costo fiscal de los abortos en la legalidad y en la clandestinidad, en un contexto en el que se aprobó el proyecto de ley de IVE en la Cámara de Diputados y se espera su tratamiento en el Senado.

En base a diferentes estudios, CEPA partió de una estimación de alrededor de 450.000 abortos por año en el país, de cuyos egresos hospitalarios “el 67% requiere una intervención leve, el 31% presenta complicaciones de gravedad media y el 2% corresponde a abortos incompletos con cuadros de alta gravedad”.

Partiendo de esas consideraciones, CEPA concluyó que “el costo total ponderado de tratamientos por abortos incompletos alcanza en total la suma de $2.586.000.000 al año”, lo que arroja un “costo promedio por aborto clandestino de $56.700”.

“Si comparamos el valor de una caja de misoprostol (el método más accesible, y uno de los más seguros), con los costos que le implica al sistema de salud público atender las consecuencias más graves de un aborto incompleto realizado bajo condiciones de riesgo, llegamos a la conclusión de que el aborto clandestino puede costar hasta 21 veces más que el aborto legal, seguro y gratuito”, indicaron desde la entidad.

En la simulación, se supone que el total de los abortos clandestinos se realizan a través de un método medicamentoso, con la consideración de que el 10% de esos abortos no serán exitosos y requerirán una intervención de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) para completar el procedimiento.

“Si relacionamos el costo en el que incurre el sistema de salud por los abortos incompletos con los costos de una caja de misoprostol, podemos concluir que con lo que con lo que le cuesta al Estado el aborto clandestino por 45.600 personas gestantes, se cubre el aborto seguro y gratuito de 425.177 personas gestantes”, equivalentes al 95% de los abortos clandestinos estimados en Argentina en un año.

Para CEPA, “si el Estado tuviera una política pública de Aborto Legal Seguro y Gratuito, se hubiera ahorrado el 88% del costo fiscal por atender complicaciones derivadas de abortos clandestinos”, ya que por los 45.600 egresos hospitalarios, el costo hubiera sido de unos $314 millones con “una atención a tiempo con misoprostol y AMEU, en caso de requerirse”.

CEPA aclaró que en su análisis sólo se tuvieron en cuenta “los costos asociados a la atención en el sistema de salud” sin considerar, por ejemplo, “los costos de realizarse un aborto de manera privada, ni los costos asociados a las secuelas psicológicas, emocionales, económicas, laborales y de cuidado, que implican los daños asociados a los abortos inseguros”.

“Si fuésemos a considerar todas estas dimensiones, el costo estimado sería considerablemente superior al que aquí se abordó”, indicó.

Fuente: Noticias Argentinas (NA)

Tags: Aborto clandestinoAborto LegalMisoprostol
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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