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Atención: las telefónicas quieren aumentar un 20% internet, cable y celular

2 diciembre, 2020

Por la pandemia de coronavirus, las empresas de telecomunicaciones ajustaron sus planes una sola vez este año, entre enero y marzo, en el orden del 20%. Luego pretendieron subir otro 10% o 15%, según las compañías en septiembre, pero llegó el DNU 690 del Gobierno que congeló las tarifas hasta diciembre.

Además, el decreto definió a las telecomunicaciones como un “servicio público esencial”, lo que significó que ya no podrán retocar las tarifas a su criterio, sino que necesitan la autorización oficial.

Así las cosas, es el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) el encargado de fijar un tope de aumentos y acordar con las telefónicas las subas a lo largo de un año. Ante el vencimiento del DNU, el Ejecutivo nacional ya avisó que descongelará las tarifas desde enero, y las empresas rápidamente comenzaron a acercar sus propuestas.

minutouno.com supo de 4 compañías, Personal, Fibertel, Cablevisión y Telecentro, que tienen planeado ajustar entre un 20% y 20,9% todos sus planes. Si se llama a los servicios de atención al cliente de esas empresas, ya les informan a los usuarios los nuevos montos estipulados para enero.

No obstante, voceros de la Enacom aclararon a este portal que todavía no fue resuelto ningún monto de incremento a partir de enero y avisaron que tampoco darán vía libre para autorizar alzas entorno al 20%.

“La reglamentación se está efectivizando en este momento. Todavía no está el monto de aumento definido. Las empresas a nosotros nos están acercando sus propuestas, y se va a poner un tope, y debajo de ese techo van a competir cada una. Ese monto, ese tope, todavía no está estipulado. Lo tendremos esta semana”, aclararon desde Enacom.

Y subrayaron que: “De ninguna manera va a ser superior del 20% en todos los planes. El aumento no lo deciden las compañías sino el Gobierno, y debajo de ese monto competirán las empresas”.

Durante 2019, las empresas de telecomunicaciones aumentaron sus planes un 63,9%, es decir, 10 puntos por encima de la inflación general de precios, que arrojó 53,8%. Y en 2018 la situación fue similar: ajustaron un 55,3% cuando el costo de vida acumuló 47,6%, es decir, subieron 7,7 puntos porcentuales.

Frente a estos incrementos arbitrarios y muy por encima de la inflación es que la administración de Alberto Fernández resolvió este año intervenir a través del DNU 690 que declaró al sector como servicio público esencial, y fijó la intervención del Estado para determinar las alzas.

Las compañías atribuyeron las fuertes subas de los años 2018 y 2019 a la suba de costos y a que muchos de sus insumos están atados al dólar, por lo que las megadevaluaciones del peso impactaron en los precios finales de los servicios de telefonía celular, fija, internet y TV por cable.

Pero pese a la desbandada del dólar, los planes de telecomunicaciones aumentaron por encima de la devaluación. En 2019, por ejemplo, la divisa estadounidense subió un 61,5% mientras que los servicios TIC se encarecieron un 63,9% según el Indec.

Fuente: minutouno.com

Tags: cableCelularEneroInternettelefónicas
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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