“Deberá indagarse y acreditarse en el expediente, el conocimiento por parte del Ministerio de Defensa y del titular del Poder Ejecutivo, sobre la realización del ejercicio naval, de la importante envergadura que significaba el que puso en marcha la Orden COAA 14/17; como asimismo las constancias que den cuenta de los recortes presupuestarios que afectaban a las fuerzas armadas y en particular a los buques que participaban del mismo”, dice la resolución de 177 páginas.
Y agrega: “Estas razones impiden –al menos en este estado del proceso– descartar definitivamente, que el Ejecutivo Nacional por vía del Ministerio de Defensa y a través de sus Secretarías de Estado respectivas, no tuviera participación alguna en los hechos que se investigan”. Lo mismo plantea sobre el exjefe del Estado Mayor de la Armada, Marcelo Srur.
En diciembre del año pasado, la jueza Yáñez dispuso el procesamiento de dos contraalmirantes y cuatro capitanes de navío por el siniestro que se llevó la vida de los 44 tripulantes. La magistrada, confirmada ahora por la Cámara al frente de la investigación, acusó como máximo responsable al ex comandante de adiestramiento y alistamiento naval contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien no se asesoró debidamente ni se ocupó personalmente de verificar el estado de la nave en forma previa a la realización de un ejercicio naval combinado de gran envergadura.
La lista de oficiales navales procesados en primera instancia incluye al capitán de navío Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos; el contraalmirante Luis Malchiodi, exjefe de mantenimiento y arsenales; el capitán de navío Hector Alonso, exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, exjefe de departamento de operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe del departamento logística de la fuerza submarina. Se los acusa de “estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio”.
Con variantes propias de la jerarquía de cada procesado, la magistrada entendió que todos estaban en conocimiento de que el submarino no se encontraba en buenas condiciones y que en mayor o menor medida desoyeron el planteo del extinto comandante Pedro Fernández respecto del funcionamiento defectuoso del Snorkel y la válvula E19, que presuntamente habría sido el factor determinante de la tragedia, ocurrida el 15 de noviembre de 2017.
El fallo de primera instancia fue apelado por los abogados querellantes, quienes impugnaron las calificaciones legales y la desvinculación del expresidente Macri, del exministro de Defensa y del entonces jefe de la Armada, Marcelo Srur.
Esa misma querella había imputado a Macri, Aguad y diez altos mando de la Armada. “La jueza Yáñez solo citó a siete (seis fueron procesados y uno sobreseído), y dedicó un capítulo para exculpar a Macri y Aguad. Para hacerlo, introduce la imputación nuestra. Ahora es nuestra oportunidad de apelar también ese tramo de la resolución”, dijo Carreras a Infobae antes de la audiencia ante la Cámara.
Fuente: agencias y medios digitales.
