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“La situación humanitaria con el adulto mayor es gravísima”

15 noviembre, 2020

La Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional del Congreso de la Nación, aprobó el dictamen de la ley de reforma jubilatoria. Si se aprueba, la nueva fórmula deja de lado la actualización de los haberes por inflación. E incorpora la suba de salarios -a partir del coeficiente RIPTE- y de la recaudación para los futuros cálculos.

El defensor de la Tercera Edad y gerontólogo, Eugenio Semino, ratificó su oposición al cambio que impulsa el Gobierno nacional.

En diálogo con el programa “Aire de Sábado” por FM de las Misiones 89.3, lamentó que ante cada Gobierno “Todo cambia, lo único que empeora es la condición de los trabajadores jubilados. Digo trabajadores porque, en paralelo, hoy pareciera ser que se está discutiendo el monto de un subsidio y la discusión de si hay plata para pagarlo o no; pero nadie tiene presente que, quien se jubiló y los que no nos jubilamos todavía, aportamos 30 o 40 años durante toda nuestra vida, para que el sistema nos pudiera devolver algo así como el 10% o 20% de todo lo que aportamos y que -evidentemente- fue desapareciendo a través de las diversas administraciones”.

Dijo que “es muy patológico en términos históricos porque las sociedades no se manejan así. Pueden tener, y todos los sistemas en el mundo han tenido crisis, pero acá directamente se van cambiando reglas de juego permanentemente”.

Eugenio Semino advirtió que “en los tres últimos años, desde 2017 al día de hoy, los haberes jubilatorios perdieron el 40% de su poder adquisitivo: 6 puntos que no le fueron acordado fueron pagados a los jubilados en diciembre del 2017 en el llamado factor empalme, en el cambio de fórmula. Esto no lo digo yo, sino que fue la Corte Suprema que es una deuda del Estado para los 6 millones de jubilados”.

Agregó que “En el 2018/2019, los haberes perdieron 20 puntos en relación con la inflación, inclusive el actual Presidente, candidato en ese momento, hizo su campaña diciendo que iba a reintegrar esos 20 puntos ni bien asumiera, cosa que no ocurrió, nunca se reintegraron. Es más, ni bien asumió, declaró la emergencia previsional por lo cual, suspendió la vigencia de la fórmula y se dieron en los trimestres todos ajustes hacia la baja, sobre todo el más notorio el del mes de marzo, porque se aplicaron índices decrecientes de las jubilaciones mínimas hacía las de más alto rango”.

 

Reclamos judiciales

Si avanza en el Congreso esta reforma, también podría judicializarla como hizo con los casos posteriores: “Nosotros ya tenemos judicializado el carácter de la emergencia previsional y los tres ajustes que se hicieron hasta ahora. Llegamos por vía del per saltum a la Corte Suprema el 18 de marzo pero, luego, vino la larga feria judicial. Lo hicimos a través de un amparo colectivo, es decir para los jubilados de todo el país y para no volver a lo que ya hemos vivido con los casos Badaro y demás, donde se hicieron miles de juicios y hubo cientos de miles de jubilados que murieron a la espera”.

En ese sentido, Eugenio Semino adelantó que “vamos a reiterar la semana que viene a la Corte, que tiene conocimiento de los expedientes, que se expida al respecto, porque fíjese que este tema que implica la vida de 6 millones de argentinos no está ni el la agenda política ni en la judicial. Hay grandes discusiones en la agenda judicial que está relacionada con la agenda política, es decir, como que todo eso se moviera al margen de la realidad cotidiana de ese jubilado que tuvo que salir en plena cuarentena a trabajar. Por lo menos en el AMBA fue así porque, o le ponía el cuerpo al virus o se moría de hambre dentro de la casa”.

Además harán una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “porque Argentina fue el país tratante en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de Personas Mayores que se firmó en el año 2015, y se convirtió en Ley de la Nación en el año 2017, así que vamos a hacer la denuncia ante la comisión para llegar a la Corte Interamericana”, aseguró el Defensor.

 

La mínima no cubre la canasta básica

Eugenio Semino denunció que “La situación -desde le punto de vista humanitario- para con el adulto mayor en la Argentina yo le aseguró que es gravísima. Yo estoy presidiendo la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, por lo cual tengo el comparativo con el resto de países de América y de Europa, y estamos en una de las peores situaciones de los países latinoamericanos, cuando Argentina fue el primer país de Latinoamérica que tuvo un sistema previsional, de salud”.

Respecto a la fórmula de actualización que se requiere, Semino aseguró que “hoy, cuando 4 millones de jubilados ganan 18 mil pesos y de los 2 millones restantes la media es 26 mil pesos, la fórmula la tiene que hacer Mandrake, si se supone que con una fórmula se quiere mejorar la situación del jubilado. La gran discusión que debiera hacerse es directamente ver cómo se recompone el haber, porque ningún argentino puede vivir con 18 mil pesos. No hay político de ningún partido, sector, o espacio que me pueda demostrar a mí o a usted o a nadie que con ese dinero se puede subsistir”.

A su vez, reveló que “para la vida del adulto mayor en grandes ciudades con gastos de vivienda, se necesitarían más de 45 mil pesos para tener una vida digna, por lo cual cuando uno contrasta esa realidad con los haberes, son irrisorios. Es más, se ha convertido en un mero subsidio la jubilación. Vale decir que perdió su calidad en cuanto a derecho, el subsidio es una atribución del príncipe que da lo que desea o lo que sobra de otro tipo de obligación”.

Consultado acerca de si este sistema previsional en este contexto tiene futuro: dijo que “No, no lo es al día de hoy, salvo que se suponga que la sustentabilidad lo da el mero hecho de tener un subsidio, por eso hay que acelerar los tiempos para mejorar esto seriamente. Yo no veo ningún debate en ese sentido, inclusive discutir las fórmulas, si va a dar un 1% más o menos no resuelve absolutamente nada”.

Tags: adultos mayoresANSESJubiladosMF 89.3
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FM 89.3

#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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