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El Senado aprobó Ley de Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad

31 octubre, 2020

La iniciativa, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados y fue convertida en ley con 67 votos, modifica el esquema de financiamiento del programa Reparación Histórica impulsado por la gestión anterior, que se sostenía con los fondos del último blanqueo de capitales y los del FGS.

A partir de la nueva norma, ese programa será financiado con los recursos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y del Tesoro, con el fin de proteger los activos del FGS, un fondo anticíclico que ronda actualmente los 35 mil millones de dólares.

En el inicio del debate, el pampeano Daniel Lovera (Frente de Todos) explicó que en la Argentina hay siete millones de jubilados que cobran por la ANSeS y que la Reparación Histórica alcanza a 900 mil.

“De acuerdo con la proyección de la ANSeS, de seguir por este camino, dentro de siete o diez años desaparecería el FGS sin siquiera haber abonado el 50%” de la Reparación Histórica, indicó Lovera.

El pampeano, que preside además la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, subrayó: “Lo importante de esta medida que estamos tomando es que nos permite adelantarnos a lo que viene, con el objetivo de que el Estado pueda seguir cumpliendo con la obligación del pago de las jubilaciones”.

A su turno, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio (Frente de Todos), destacó el punto de la ley que establece que en las inversiones que realice el FGS “se deberán privilegiar aquellas que tengan impacto directo en la economía real”.

Por su parte, el bonaerense Esteban Bullrich (Juntos por el Cambio) anticipó que la oposición acompañaría la aprobación de la ley pero remarcó que este proyecto “debe ser parte de una discusión más profunda”.

“Tenemos que debatir profundamente el sistema jubilatorio y también el sistema de empleo” para “pensar de qué manera este régimen deja de ser deficitario”, señaló Bullrich, y agregó: “Seguimos tocando la periferia de los problemas, pero no la estructura que los ha generado”.

En tanto, el neuquino Oscar Parrilli (Frente de Todos) fue muy crítico de la gestión del FGS durante el gobierno anterior, al señalar que “acá no hubo ninguna reparación, el blanqueo fue para solucionar un problema de muchos empresarios que tenían plata en negro, se puso un costo muy bajo y se dijo Reparación Histórica a costa de fundir el FGS”.

Frente a ese discurso, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, defendió la Reparación Histórica al señalar que “a partir de los fallos de la Corte había que encontrar una salida al tema” de los juicios de jubilados.

“Nosotros consideramos, a partir del blanqueo, destinar ese dinero a una reparación histórica para los jubilados y no fue una mala decisión política”, subrayó el formoseño, al tiempo que remarcó que el problema del sistema previsional “es la sábana corta, es decir, cómo financiarlo y encontrar un equilibrio por los que se incorporan al sistema” tras la moratoria.

En el cierre del debate, el jefe de bloque Frente de Todos, José Mayans, subrayó que cuando terminó el gobierno de Cristina Kirchner en 2015 “el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenía un valor de 65 mil millones de dólares” pero, al terminar la gestión de Mauricio Macri en 2019 “lo entregaron con 35 mil millones de dólares”.

“Se les cayeron por el camino 30 mil millones de dólares. Imagínense si le hubiera pasado a un gobierno peronista”, remarcó el formoseño que encabeza la bancada oficialista y agregó: “Hay que ser mago para arreglar lo que hicieron estos tipos en cuatro años de gobierno”.

La nueva ley establece también una refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la ANSeS y, al respecto, el organismo previsional que encabeza Fernanda Raverta indicó luego de la votación del Senado que esto alcanza a 21 de las 24 provincias del país, por un monto total de 26.632 millones de pesos.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: ANSESFGSLeySenado
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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