Con idéntica intensidad a la primera jornada de alegatos del miércoles, se vivió ayer en el Tribunal Penal de Eldorado los pedidos absolutorios de cada uno de los acusados de abusar y corromper a tres menores de edad, dos hijas y una nieta de María Ramona Ovando (46) entre agosto de 2013 y febrero de 2015.
Pasadas las 9, los camaristas Lyda Gallardo, Teresa Ramos y Eduardo Javier Jourdan oyeron los alegatos de dos -de los tres- defensores de Ovando y del defensor oficial de Marcos Laurindo (23) y Lucas Ferreira (23).
Roxana Rivas apuntó como “hostigamiento judicial” la acusación a María Ovando y que ello se “instrumentó a través de las actuaciones de la jueza de Familia de Eldorado, Margarita Potschka”.
“Había una descripción de la situación de vulnerabilidad de María y de todo su núcleo familiar pero eso no puede ser jamás leído como un indicio de peligrosidad”.
La “vigilancia sobre la situación de las niñas” por parte de la Justicia de Familia “cesó totalmente luego de que la jueza Potschka le retiró la guarda de las menores a María Ovando en marzo de 2015, y las entregó al cuidado de la abuela paterna de las menores víctimas de los abusos”.
Para Rivas el fiscal de Tribunal Penal de Eldorado, Federico Rodríguez, “construyó la acusación contra María Ovando con una lectura selectiva y arbitraria de los elementos que surgen de los expedientes de Familia”. Criticó “falta de perspectiva de género y de perspectiva de derechos en el trabajo acusatorio del funcionario. María no es un monstruo, es una mujer que fue discriminada, estigmatizada y revictimizada”.
Eduardo Paredes, analizó luego las pruebas presentadas en la acusación y solicitó su declaración de inocencia, como también el planteo de reserva casatoria si el fallo es condenatorio. También que continúe en libertad mientras se resuelva la posible apelación.
Para el letrado la Cámara Gesell describió “incumplimiento por parte de la profesional que estuvo a cargo de la misma, de los procedimientos legales y obligatorios indicados en los protocolos para la realización de ese tipo de entrevista”. “No puede ser tomada como prueba válida”.
“Los testimonios están todos inducidos y esto pone en crisis toda la imputación. Hubo un sesgo hacia María Ovando y hacia los chicos que están presos hoy (…) y esto explica la falta de espontaneidad en los relatos y en que no hayan aparecido en las entrevistas los abusos en el entorno de la abuela”.
Sostuvo que “las lesiones compatibles con abuso que constata la médica forense en la revisación realizada el 4 de mayo del 2015, eran de una data no mayor a los 20 días, por lo que los abusos habrían ocurrido en tiempos en que las niñas ya estaban con la familia de la abuela paterna. Esa circunstancia excluye de responsabilidades a María Ovando y también a Marcos Laurindo y Lucas Ferreira”.
“Nunca debió formularse una acusación (….) A mí me parece, todos dicen, muchos dicen. Todo eso no sirve. Las pruebas no pasan ningún estándar. No es lo que el Fiscal cree, es lo que se puede probar”.
“Sin certeza del hecho”
El defensor oficial Rodrigo Torres Muruat, reiteró lo que considera “estado de desigualdad” de Laurindo y Ferreira. Insistió que sólo los dos jóvenes de 23 años llegaron con prisión preventiva a debate. Cabe señalar que el fiscal solicitó penas de 22 años de cárcel para Ovando, y 18 para Laurindo y 15 para Ferreira. Estos dos últimos detenidos desde 2017 en una situación opuesta a la de Ovando, quien nunca necesitó un planteo de excarcelación o eximición de prisión desde que se inició la causa en 2015.
Muruat repitió sus planteos del inicio del debate: “La acusación no tiene certeza, no están claros el modo, tiempo y lugar de lo que se está juzgando”.
“Todo en el expediente es demasiado vago. Desde la denuncia de la abuela (paterna) de las niñas”.
También reiteró que “a Laurindo y Ferreira no le corresponde un pedido o monto de pena”, porque al momento de los presuntos abusos eran menores de edad y sería potestad de la Justicia de esta instancia la definición respectiva.
“De las seis Cámaras Gesell que se tomaron, ninguna pudo probar los abusos”, enfatizó Muruat y solicitó la absolución de ambos encartados y subsidiariamente la declaración de inocencia por el beneficio de la duda (“in dubio pro reo”).
El próximo miércoles a las 8.30 se reiniciará la audiencia con las últimas palabras cedidas a los acusados y se cerrará con el veredicto.
