Los gremios que representan a trabajadores de aserraderos y de la industria forestal se reunieron el martes con autoridades del Ministerio de Trabajo y del Instituto Forestal Provincial para manifestar su temor por la posibilidad de que comiencen, en breve, las suspensiones de personal.
Es que el sector industrial, principalmente representado por la Asociación Madereros Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP ) y por la Asociación de Productores Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM ) advirtió que podría entrar en crisis a raíz de que las grandes pasteras dejaron de recibir cargas de chips después de que el Instituto Forestal fijara un aumento de más de 60% de la materia prima.
Ante la imposibilidad de venderle a las pasteras, los empresarios sostienen que deberían reducir costos suspendiendo o despidiendo a algunos trabajadores.
Desde el Ministerio de Trabajo de la provincia, que dirige la ministra Silvana Giménez, informaron que “los representantes sindicales manifestaron en la reunión que el sector industrial desconoce el precio oficial que se había fijado, y por tal motivo amenazaron con suspender a trabajadores. Debido a esta situación, rápidamente los sindicatos madereros se movilizaron y buscaron soluciones”.
La tonelada de raleo puesto en planta se estaba cobrando entre 900 y 1.000 pesos hasta hace un mes, pero el Instituto Forestal estableció un valor mínimo de 1.600 pesos. Y el chip entre 1.800 y 2.000 pesos, lo que representa un incremento superior al 60%.
Las grandes pasteras, Alto Paraná y Papel Misionero, principales compradoras de estos subproductos forestales, se plantaron en contra y dejaron de comprar como forma de rechazo al nuevo precio.
A través de los medios de comunicación pidieron que se abra una nueva negociación e informaron una contraoferta ofreciendo llevar la tonelada de raleo a 1.300 pesos, lo que significaría un 30% de aumento. Pero el titular del Instituto Forestal, Hugo Escalada, salió a responder que “la discusión está cerrada”.
Desde entonces, cientos de industrias y aserraderos vienen acumulando chips en sus predios sin poder comercializar, pero tampoco tienen otro destino. Se mostraron preocupados porque los chips estacionados pierden valor con el paso del tiempo y, además, generan un riesgo permanente y latente de incendio en plena temporada de sequía y altas temperaturas.
Por el momento, nadie da el brazo a torcer. El Instituto Forestal dice que tiene datos técnicos para defender el precio, a la vez que las industrias sostienen que es imposible pagar 1.600 pesos la tonelada porque se incrementa toda la matriz de costos y perderán competitividad y clientes.
Si ninguna de las partes cede, los perjudicados serán los productores que no tendrán compradores.
El diputado Avelino González, dirigente maderero de Garuhapé pero con influencias en El Alcázar, Ruiz de Montoya, Puerto Rico y Capioví, participó en la reunión y dijo a PRIMERA EDICIÓN que “el costo del chip tiene una incidencia muy pequeña en la matriz de costos de las grandes industrias” y que “más allá de la discusión por el precio, hay que proteger las fuentes de trabajo”.
Los gremios pidieron que se garantice la continuidad laboral de los trabajadores, mas allá de la discusión por los valores de la materia prima.
Además de la ministra Giménez, el director del InFoPro y el diputado Avelino, estuvieron en la reunión el secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera, Domingo Paiva y el secretario general del Sindicato de la Madera Puerto Esperanza, Jorge Ríos.
