La Oficina Anticorrupción decidió renunciar como querellante esta todas las investigaciones por hechos de corrupción que comprometen a ex funcionarios y funcionarios actuales por una decisión política interna y la falta de personal.
“Que la tarea de la Oficina Anticorrupción, desde su creación, se integra con dos facetas claramente diferenciables: una dirigida a la prevención de los hechos de corrupción y otra a investigar tales hechos“, según la resolución.
“En lo atinente a la investigación, la oficina cumple funciones que en buena medida se superponen con las específicas del Ministerio Público Fiscal, especialmente su órgano especializado en la materia, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas”, dispuso la OA en su resolución.
Por otro parte, también desde la Oficina Anticorrupción justificaron su decisión por el escaso personal que disponen en la actualidad.
“Un análisis preliminar de la situación ha permitido comprobar que los recursos profesionales de esta oficina han sido asignados de un modo tal que la Dirección Nacional de Litigio Estratégico ha recibido un tratamiento privilegiado en desmedro de su par de investigaciones; y más aún de la destinada a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad y la transparencia”, destacaron.
“Habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter. Para contribuir al orden de la litis, en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina. En aquellos en que, concluida la audiencia oral, se ha concretado la pretensión punitiva, cuando el Tribunal de juicio dicte sentencia”, explica esa disposición.
En el caso de la “ruta del dinero K”, donde ya se concretaron los alegatos de las querellas, la OA se mantendría hasta la sentencia. Distinto es el caso del juicio de Vialidad, donde restan decenas de testigos.
Llamativamente, Crous se apoya en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menciona “indicios de politización y falta de neutralidad de la Procuración General de la Nación” durante la gestión de Alejandra Gils Carbó. La ex procuradora puso a disposición varios funcionarios para la nueva gestión de la OA.
En mayo, la OA dejó de ser querellante en el juicio unificado por las causas de Hotesur y Los Sauces, todavía sin fecha de comienzo y donde están acusados la vicepresidenta Cristina Kirchner, sus dos hijos, y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.
El anuncio impulsó un duro comunicado firmado por los referentes Juntos por el Cambio. También hubo una denuncia penal firmada por los legisladores Jorge Enríquez, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y el radical Álvaro de Lamadrid.
Fuente: Noticias Argentinas (NA
