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Alemania pide detener a los cerebros de los Papeles de Panamá

20 octubre, 2020

Las autoridades judiciales alemanas emitieron una orden de arresto internacional contra los dos fundadores del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, en el centro del escándalo de los denominados Papeles de Panamá, que sacaron a la luz un esquema de evasión fiscal, revelado en 2016 por un consorcio internacional de periodistas, informó el diario alemán Sueddeutsche Zeitung (SZ) este martes.

Los dos abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, sospechosos de ayudar en la evasión fiscal y asociación de malhechores, pueden ser detenidos si tratan de entrar en territorio de la Unión Europea, señala el diario, que se ha asociado en este artículo con los grupos audiovisuales regionales NDR y WDR.

Los dos hombres, que tienen pasaporte panameño, se encontrarían actualmente en el país centroamericano, que no extradita a sus nacionales, señala el diario. Los investigadores esperan que Mossack, que tiene familia en Alemania, se entregue para negociar a cambio una pena reducida y escapar a un procesamiento paralelo en Estados Unidos.

Documentos sensibles

El escándalo de los “Papeles de Panamá” estalló el 3 de abril de 2016 con la filtración de 11,5 millones de archivos digitales del bufete Mossack Fonseca, entre ellos documentos sensibles analizados por el consorcio de investigación ICIJ que provocaron una onda de choque mundial, y que llevó a la dimisión del primer ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson.

Según el análisis por varios medios de los denominados Panamá Papers, estos permitieron sacar a la luz un vasto sistema de evasión fiscal mediante sociedades pantalla, en las que centenares de bancos ayudaron a sus clientes.

Al menos 150 investigaciones se han abierto en 79 países para controlar posibles evasiones fiscales o blanqueo de dinero, según el Centro estadounidense de Integridad Pública.

El bufete Mossack Fonseca anunció en 2018 el cese de sus actividades debido a los “daños irreparables” que sufrió su reputación. Panamá lucha por su parte para ser retirado de la lista negra de paraíso fiscal.

Macri tuvo suerte

Mauricio Macri es uno de los más de 70 jefes de Estado o ex jefes de Estado que aparecieron en las listas difundías de los Panamá Papers, donde se divulgaron a los titulares de empresas offshore. Y a diferencia de otros líderes mundiales, el ex presidente argentino no tuvo problemas judiciales.

Macri fue sobreseído de la investigación que lo vinculaba a una presunta evasión impositiva por formar parte de compañías offshore en la causa derivada a partir del escándalo mundial. Se trató de la empresa Fleg Trading, radicada en Bahamas, y la panameña Kagemusha. El expresidente figuraba como miembro del directorio en dichas compañías. El directorio era compartido junto con sus hermanos Mariano y Gianfranco y, su padre fallecido, Franco.

El juez federal en lo Penal y Económico Diego Amarante sobreseyó a Mauricio Macri en una investigación iniciada tras la difusión de los Panama Papers. El magistrado descartó una presunta evasión impositiva vinculada a las sociedades offshore Fleg Trading, radicada en Bahamas, y la panameña Kagemusha. La decisión la tomó el magistrado el 6 de agosto de 2019, antes de las PASO, pero recién trascendió el 5 de diciembre, horas antes del final de su mandato.

El juez federal en lo Penal y Económico, Diego Amarante, determinó que “las empresas no habían tenido ganancias, ni en el país ni en el exterior, ni los directores cobraron honorarios”. Aunque, los hermanos del ex presidente seguirán siendo investigados por evasión fiscal.

En relación a la otra parte del expediente vinculada a los hermanos del Presidente Gianfranco y Mariano, investigados por la presunta evasión fiscal debido a la omisión de declarar fondos en una cuenta en Suiza a nombre de la sociedad offshore BF Corporation SA, Amarante resolvió ayer rechazar el pedido de sobreseimiento realizado por la defensa.

Fuente: Medios digitales

Tags: Mauricio MacriMossack FonsecaPanamá PapersPapeles de Panamá
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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