Luego de la suspensión del juicio el pasado 22 de septiembre, ayer comenzó desde cero el debate contra María Ramona Ovando (46), Marcos Ivan Laurindo y Lucas Ferreira, ambos de 23 años, quienes se sentaron en el banquillo del Tribunal Penal de Eldorado para establecer sus responsabilidades en abusos sexuales de una hija y una nieta de Ovando.
Tal como ocurrió la última vez, en la primera audiencia las partes observaron las pericias de Cámara Gesell, en la que las niñas relataron los episodios de abuso a los que fueron sometidas.
Aún no se produjeron pedidos explícitos de las partes como ser nulidades o cambios en las imputaciones. Se estima que esto ocurrirá en la segunda jornada, la cual se realizará el martes próximo.
En este sentido, en el juicio anterior, se escuchó el pedido de la defensa de Laurindo y Ferreira por la nulidad de la acusación, dado que supuestamente en el requerimiento de elevación a juicio no había quedado claro cuáles y cuándo habían ocurrido los hechos que se les endilgaban a los acusados.
Asimismo se había solicitado la excarcelación de los mismos al entender que tras haber pasado cinco años detenidos estaba ampliamente vencido el plazo para la prisión preventiva.
Por su parte el fiscal Federico Rodríguez había solicitado la ampliación de la acusación por la de “abusos múltiples y corrupción de menores en concurso ideal”. Además sumó a una tercera víctima, otra de las hijas de Ovando.
El Tribunal estuvo presidido por Lyda Inés Gallardo y los vocales María Teresa Ramos y Eduardo Javier Jourdan, este último como subrogante.
Al tratarse de un juicio oral y no público, dado que se juzga un delito de índole privada y que además las víctimas son menores de edad, en la sala sólo estuvieron presentes los imputados acompañados por los abogados defensores José Luis Fuentes, Roxana Rivas y Eduardo Paredes (Ovando) y Rodrigo Torres Muruat (Laurindo, Ferreira).
La acusación con la que llegaron a debate era la de “facilitación para la corrupción de menores”, para María Ovando y “abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado y abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima doblemente calificado”, para Laurindo y Ferreira.
Según se conoció en la etapa de instrucción de la causa, la madre y abuela, supuestamente facilitaba o entregaba a las niñas de entonces entre 5 y 9 años para que a cambio de 100 pesos, los adolescentes (que tenían 17 años en esa época), abusaran de las menores.
