La conocida fábrica de pellets de madera GP Energy, radicada desde hace más de una década en el área industrial de esta ciudad, lleva desde finales de julio con su actividad disminuida de forma drástica. Pero no como consecuencia de la pandemia de COVID-19 o de la crisis económica, sino por una orden judicial que le impide funcionar entre las 20 de la noche y las 6 de la mañana.
Esa fue la decisión del Juzgado Civil y Comercial 1 de Puerto Rico, al hacer parcialmente lugar a un recurso de amparo por “ruidos molestos” presentado por una familia que se instaló recientemente en una casa construida en un terreno cercano a la planta industrial y, por lo tanto, fuera de la zona residencial de Capioví.
La medida judicial, a la que tuvo acceso PRIMERA EDICIÓN, ordena específicamente a GP Energy que suspenda en el mencionado horario nocturno “toda actividad relacionada al tránsito, carga y descarga de camiones y las actividades que requieran de la utilización de turbinas y motores que generen ruidos que trasciendan los límites del predio”.
Si bien dicha resolución tiene fecha del 27 de julio pasado y la empresa fue notificada cinco días más tarde, el viernes 31, no fue hasta ayer que tomó trascendencia masiva a raíz de varias publicaciones del propietario de la firma, Enrique Bongers, a través de sus redes sociales, donde planteaba la situación límite que vive la planta, derivada de esta insólita medida judicial.
Al respecto, el gerente de GP Energy, “Kike” Aguirre, precisó a este Diario que “estábamos en una producción de más o menos 60 toneladas diarias y pasamos a 20, 27 como mucho, a veces llegamos hasta 18. Te podés imaginar lo contentos que están nuestros clientes a los que no podemos entregarles de inmediato”, planteó.
“Muy difícil readecuarse”
Aguirre aseguró que “en todo el país hay siete fábricas de pellets y nosotros estábamos en el tercer puesto en nivel de producción, pero ahora estamos llegando a un punto de tener que replantearnos la situación de la empresa, porque como industria se necesita una producción mínima para equilibrar los ingresos con los costos: todo sube y a nosotros nos hacen reducir la producción”, lamentó Aguirre, ya que “es muy difícil readecuar nuestro trabajo en estas condiciones”.
Al respecto, puntualizó que “debido a la gran demanda que tenemos, por lo general estábamos trabajando las 24 horas, porque además nuestros equipos son de producción continua, no nos conviene parar y arrancar constantemente por el desgaste que eso genera a la prensa”, explicó.
Además, “nosotros enviamos nuestra producción a distintos puntos del país e inclusive exportamos a Uruguay y a Brasil, y muchas veces cargamos los camiones a la noche por comodidad para los choferes o bien por alguna dificultad en la planta que obligaba a extender el trabajo por unas horas. Pero ahora, con este amparo, a partir de las 20 no sólo nos prohíben cargar los camiones sino que no puedo ni siquiera mover la mercadería con la cargadora, ni acomodar el acopio de viruta que es nuestra materia prima”, argumentó.
También se refirió el gerente a las “16 familias que de forma directa se ven afectadas entre trabajadores, administración y choferes, más todos los beneficiados indirectos”, por lo que “estamos viendo con el sindicato de la madera (SOIME) qué se puede hacer. También AMAYADAP (la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná) está preocupada por el peligroso precedente” que representa la medida.
Una vez conocidos los alcances del amparo judicial concedido y las restricciones de funcionamiento de la fábrica, la empresa presentó un recurso en la Cámara de Apelaciones, en Posadas, del que esperan una rápida resolución para poder reactivar a pleno su producción.
“Otra solución no hay: no me puedes pedir que no haga ruido porque no hay industria que no haga ruido; mudarme tampoco puedo, porque a dónde voy a ir, si justamente estoy en un parque industrial; y además no cuesta dos pesos desarmar la planta y armarla en otro lugar, más allá de todo el lucro cesante por el tiempo en que quede parada”, sentenció.
Argumentos
“Kike” Aguirre relató a PRIMERA EDICIÓN que el demandante “comenzó a construir su casa el año pasado y se instaló en febrero de este año, así que no podía desconocer que al lado había una fábrica que hacía ruido, porque no existe una industria de procesamiento que no haga ruido” y ellos estaban allí desde 2007.
Además, “estamos en el área industrial de Capioví, establecida como tal por ordenanza municipal con todas las atribuciones de un parque industrial, donde justamente se promueve la radicación de todas las industrias del pueblo para que no afecten al casco urbano y no alteren la normalidad en la zona residencial de la ciudad”.
Así lo ratificó la propia Comuna, al responder un pedido de información de la empresa, donde se plasma la correcta ubicación de la planta dentro del área destinada a la actividad industrial y al mismo tiempo se asegura desconocer la construcción de una vivienda familiar en las inmediaciones, desoyendo las recomendaciones y restricciones de la Ordenanza 352/07. Es decir, que dicha construcción particular se realizó sin contar siquiera con permiso de obra.
Pese a todo ello, “el juez dictaminó sin darnos posibilidad de defensa previamente y todavía no nos escuchó. Próximamente estamos convocados a una audiencia donde pretenden reunirnos a nosotros con el vecino y aparentemente también el Municipio”, contó el gerente.
