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Prohíben la harina marca Bitki por considerarla un producto ilegal

17 septiembre, 2020

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de una marca de harina luego de descubrir bolsas de ese producto en un molino clausurado.

Mediante la Disposición 6945/2020, publicada este jueves en el Boletín Oficial, la ANMAT dispuso prohibir la venta de una harina, marca Bitki, por considerarla un producto ilegal.

“Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional del producto: Harina marca Bitki RNPA N° 21-455958 y RNE N° 21- 111148, como asimismo todo producto de dicho RNE, por carecer de registro de establecimiento al estar dado de baja y de producto, por tener productos alimenticios fuera de establecimientos habilitados y por estar falsamente rotulado al consignar el registro de establecimiento de otra razón social, resultando ser un producto ilegal”, sentencia la disposición publicada este jueves.

Todo comenzó cuando se descubrió hace unos meses que el establecimiento Molino Harinero a nombre de Alimentos Paberfra S.A (Cuit 30-71025189-0) no cuenta no la inscripción ante el Registro Único de Cadena Agroalimentaria , motivo por el cual, se informó qu el mismo “debía abstenerse de producir y comercializar productos y/o subproductos de la molienda“.

Al tiempo la la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario realiza una inspección en la firma Alimentos Paberfra S.A, donde se verifica la existencia de bolsas de Harina marca Bitki de la empresa establecimiento Maicero Casildense S.A e informa que dicha marca no cuenta con la habilitación vigente.

Funcionarios agredidos a palazos

En febrero pasado el molino harinero ya estaba suspendido pero igual seguía trabajando a pesar de que había informado que iba a discontinuar su actividad.

Carlos Bursi, Adrián Restuccia, Alejandro Terefelski y Patricio Francescotto, quienes, según indicó el Ministerio de Agricultura, sufrieron “amenazas de muerte, golpes de puño y palazos, cuando pretendían comenzar a labrar el acta, una vez finalizada la inspección del molino en la que detectaron irregularidades“.

Al momento de presentarse los inspectores, la empresa tenía unas 250 toneladas de trigo para procesar. Cuatro fiscalizadores de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, sufrieron agresiones cuando intentaban inspeccionar una empresa en el Parque Industrial de Pergamino.

El violento hecho fue grabado por uno de los asistentes al operativo con un teléfono celular, por lo que en las imágenes se observa claramente los momentos de tensión.

Las víctimas decidieron radicar la denuncia en la sede de Comisaría Segunda de la localidad y en virtud de las heridas, la Fiscalía Nº 5 del Departamento Judicial Pergamino caratuló la causa como Lesiones Leves y Amenazas.

El caso generó repudio desde la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), que calificó de “brutal agresión” lo ocurrido y que esa empresa es “desconocida por nuestra entidad”.

A través de una Resolución pubicada el 1 de julio pasado en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió también la “Harina de trigo tipo 000 marca Guapa, Alimentos Paberfra SA, parcela 33 de la fracción I, Parque Industrial Pergamino” y la “Harina de trigo 000 marca Bonita, Alimentos Paberfra SA, parcela 33 de la fracción I, Parque Industrial Pergamino”.

En este caso, la empresa carece de registros de establecimiento y de producto y los productos se encuentran falsamente rotulados.

En este rubro el Gobierno obligó a las empresas a instalar “cajas negras” para evitar la molienda en negro. Por esa medida, ya se blanquearon unas 400.000 toneladas. En el sector se evaden unas 750.000/800.000 toneladas.

Fuente: Noticias Argentinas (NA) y medios digitales

Tags: ANMATBitkiharina
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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