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El Gobierno invertirá $30.000 millones en la Tarjeta Alimentar hasta fin de año

7 septiembre, 2020

Tarjeta alimentar

El Gobierno invertirá $ 30.000 millones en el mercado interno en los últimos cuatro meses del año, a través de la Tarjeta Alimentar (TA), un instrumento destinado a garantizar alimentos para la población vulnerable, que sumará, durante todo el 2020, una inyección total por parte del Estado de $ 90.000 millones.

Así lo informaron a Télam fuentes del Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Daniel Arroyo, y que además detallaron que, desde enero hasta agosto pasado, la Tarjeta Alimentar “volcó 60.074 millones de pesos al mercado interno”, que fueron utilizados mayormente para la compra de alimentos frescos en los 24 distritos del país.

Con una inversión mensual de 7.700 millones de pesos, la TA tiene un millón y medio de titulares y beneficia a casi 3 millones de niños y niñas de 0 a 6 años, embarazadas y discapacitados que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

“La Tarjeta Alimentar mueve la rueda de la economía desde abajo: por un lado, mejora la calidad de la alimentación de las familias, y por el otro, descentraliza las compras, moviliza el comercio y la producción local de los alimentos“, explicó a Télam Arroyo.

El Plan Argentina contra el Hambre, puesto en marcha en diciembre del 2019, poco después de que Alberto Fernández asumió la Presidencia, tiene como uno de sus pilares fundamentales a la Tarjeta, que terminó de distribuirse en marzo último, pese a los contratiempos que impuso la pandemia de coronavirus.

Desde enero hasta agosto, las familias destinaron el 62 por ciento del dinero que reciben mensualmente en la TA a la compra de los alimentos recomendados por el Ministerio (principalmente carne, leche, frutas y verduras), según un relevamiento realizado por la cartera.

Además, el 45 por ciento de las compras registradas está compuesto por carnes, frutas y verduras, un objetivo del Ministerio de Desarrollo, que orientó la oferta a productos de calidad nutricional, que son más caros que los alimentos secos, como las harinas, por ejemplo.

 

Los otros planes de asistencia

En el universo global de la asistencia, el Gobierno ya cuadruplicó en los primeros seis meses del año los 15.000 millones de pesos asignados durante todo el 2019 a los sectores más vulnerables, según un informe de la Secretaría de Inclusión Social, que fue presentado el mes pasado ante el Consejo Federal Argentina contra el Hambre.

También, de enero a julio pasado, unas 20.000 escuelas de todo el país recibieron ayuda para sus comedores, con una inversión superior a los 7.000 millones de pesos.

El mes pasado Arroyo adelantó que su cartera avanzará en 3 ejes: “mejorar la calidad nutricional con transformaciones profundas, fortalecer la comensalidad en los hogares y robustecer la pequeña escala de producción de alimentos (acercando a productores y consumidores) con varias iniciativas, una de ellas el Prohuerta“.

 

La Tarjeta Alimentar, provincia por provincia

Buenos Aires, 557 mil tarjetas para 1.100.000 beneficiarios; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 41 mil tarjetas para 72 mil personas; Catamarca 16.600 plásticos para 29 mil destinatarios; Chubut, 12.700 tarjetas para 21.700 beneficiarios; Córdoba, 117 mil tarjetas para 217 mil personas.

Corrientes, 52,400 tarjetas para 99.600 destinatarios; Entre Ríos, 38 mil tarjetas para 70.400 personas; Formosa, 32.400 tarjetas para 61.700 beneficiarios; y Jujuy, 31.600 tarjetas para 54.200 usuarios.

La Pampa, 10.200 tarjetas para 19 mil personas; La Rioja, 15.300 tarjetas para 26.600 beneficiarios; Mendoza, 69.300 tarjetas para 134.400 destinatarios; Misiones, 63.600 tarjetas para 127.600 personas; Neuquén, 16.300 tarjetas para 28.700 personas; y Río Negro, 20.200 tarjetas para 35.800 personas.

Salta, 65.700 tarjetas para 125 mil personas; San juan, 33.200 tarjetas para 66 mil destinatarios; San Luis, 16.800 tarjetas para 29.800 usuarios; Santa Cruz, 9.500 tarjetas para 15.500 personas; Santa Fe, 110 mil tarjetas para 200 mil personas; Santiago del Estero, 52.700 tarjetas para 100 mil personas; Tierra del Fuego, 3.400 tarjetas para 5.400 personas; y Tucumán, 70.800 tarjetas para 131 mil personas.

Fuente: Télam

Tags: Daniel ArroyoMinisterio de Desarrollo SocialPlan Argentina contra el hambreTarjeta Alimentar
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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