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Casi 1.300 vehículos van rumbo a convertirse en chatarra en Eldorado

31 agosto, 2020
ABANDONADOS. Algunos de los autos que permanecen desde hace años e incluso décadas en el Corralón.

ABANDONADOS. Algunos de los autos que permanecen desde hace años e incluso décadas en el Corralón.

ABANDONADOS. Algunos de los autos que permanecen desde hace años e incluso décadas en el Corralón.

Un total de 1.047 motos, 122 autos, 10 camionetas, una estanciera, una combi, cuatro utilitarios y hasta un camión están incluidos en el proceso que encara el Municipio de Eldorado y que desembocará en su reducción definitiva a chatarra.

Son vehículos que ingresaron al Corralón municipal eldoradense por diversas irregularidades y contravenciones desde 2001 hasta 2016, y que sus propietarios nunca se acercaron a retirar.

El procedimiento, enmarcado en la Ordenanza 13/20 y el Decreto 39/20, además del Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Vehículos y Chatarras, al que Eldorado adhirió hace unos meses, ya se inició con la publicación de los edictos que citan a los propietarios de los vehículos a acercarse a la Comuna a regularizar la situación.

Los interesados pueden concurrir a la Comuna para presentar toda la documentación exigida, acceder a un plan de facilidades de pago y llevarse el vehículo. “De hecho varios fueron retirados de esta forma en los últimos días”, aseguró a PRIMERA EDICIÓN el asesor legal del Municipio, Carlos Kozik.

El problema, según él, es que “la mayoría de los vehículos secuestrados tienen el inconveniente de carecer de documentación, así circulaban por la vía publica y es lo que motivó que nunca los pudieran retirar. Hay motocicletas en muy buen estado pero sin un solo papel”.

 

Los próximos pasos

Una vez vencido el plazo de presentación, que será de 30 días corridos a partir de la publicación del último edicto (cosa que aún no sucedió), “se considerará abandonado el bien y el Estado municipal ya podría llevar a cabo la compactación de inmediato”, confirmó el funcionario.

Agregó que “una vez finalizado ese proceso y decidido quién va a compactar, primero se les saca las cubiertas, las baterías y los restos de aceite y combustible que pudieran tener para evitar cualquier tipo de contaminación a la hora de compactar. La empresa que se encargue del trabajo, además de la chatarra, se lleva todo eso” para su posterior uso, tratamiento o disposición.

En cuanto a quién se convocará a realizar la tarea, Kozik aclaró que “existen dos alternativas y todavía el intendente no decidió cuál de las dos se utilizará. Estamos en contacto con la Nación para ver si envía la compactadora que viene cada tanto para organismos nacionales (que incluso ya ha hecho trabajos en Eldorado, por ejemplo para el Juzgado Federal), o en su defecto, si eso no ocurre, se recurriría a una empresa privada que viene, compacta, pesa, paga por kilo y se lleva todo”.

 

“Más que suficiente”

“No queremos sacar el vehículo ni hacer un daño a nadie, simplemente hay que dar cumplimiento a la legislación vigente y se procederá a compactar porque ha pasado más que suficiente (algunos llevan secuestrados entre 15 y 18 años) sin que se presente nadie a reclamar esos vehículos”, remarcó Kozik.

Entretanto, “todos los vecinos de la calle Sarmiento, donde está emplazado el Corralón municipal, reclaman que desaparezca de ahí toda esa chatarra, porque junta insectos y alimañas, y es una molestia para todos los ciudadanos”, justificó el asesor legal, quien mencionó que “de hecho hay avances en una ley nacional para que se compacten todos los vehículos abandonados que no sean reclamados por sus propietarios. Esto todavía no se aprobó en el Congreso, pero de alguna manera indica el interés político en tratar de resolver esta situación” que se está dando en casi todos los municipios del país.

Tags: ChatarraCompactaciónEldoradoVehículos
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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