Tras expresar su rechazo a un proyecto en la Legislatura que pretende declarar “Patrimonio cultural al idioma mbya guaraní”, referentes de esa nación salieron a pedir que se frene su tratamiento porque “no fuimos consultados”.
“Si bien el título es tan hermoso hay algunos puntos del proyecto de la diputada Liliana Rodríguez, que son importantes y otros que no, por ejemplo, la certificación a las personas que quieran ser intérpretes”, dijo a PRIMERA EDICIÓN Anselmo Fernández a propósito del repudio que generó la iniciativa en gran parte de su comunidad.
“Eso (certificación del traductorado), de alguna manera es algo negativo porque cualquier persona podría acceder al título sin ser mbya, e incluso sin conocer la cultura, en eso, puntualmente, no estamos de acuerdo”, remarcó con énfasis durante la charla con este Diario.
“Exigimos consulta previa, eso nos va a facilitar un análisis más profundo sobre lo que se pretende avanzar. Sin embargo, la cuarentena no es la condición ideal para esta etapa, por lo tanto pedimos hacerla cuando nos podamos reunir en asamblea”, reclamó.
Para el docente secundario, Anselmo Fernández (26), integrante de la comunidad mbya guaraní Tekoá Arandú, de Pozo Azul, es menester que “no se avance en el tratamiento del proyecto hasta dar la información necesaria a las comunidades”.
La exigencia de Fernández y otros caciques y referentes es que “la consulta se haga en forma efectiva y después de que se levanten las restricciones por la cuarentena”.
Qué dicen las normativas
Anselmo Fernández trajo a colación durante la charla que, según el Convenio Internacional N°169 de la OIT (sobre Pueblos Indígenas y Tribales) “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, en su artículo 6: Los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
La Constitución Nacional, en su artículo 75; inciso 17, que corresponde a los derechos de los pueblos indígenas argentinos, contempla: “Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afecten”, remarcó.
“Algunos de quienes hemos visto el proyecto, pero lo hemos visto muy por arriba y en base a lo publicado en los medios, entendemos que hay puntos que no están claros, por ejemplo donde se habla de crear una institución para que las personas puedan hacer una certificación y convertirse en traductores. No queremos que se otorgue ese derecho a cualquier persona, tanto de la comunidad o ajena a ella para que puedan utilizar libremente el idioma mbya guaraní”, se explayó.
“Las dos personas a las que supuestamente se les consultó para la presentación del proyecto no nos representan: un docente que no es mbya y un funcionario de Asuntos Guaraníes que está en conflicto con las comunidades”, fustigó.
Otras voces disidentes
Jorge Acosta (Equipo Técnico del área EIB Provincial y miembro de Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas, perteneciente a la Comunidad “Tape Pôrâ” de San Ignacio) sostuvo que “como miembro del órgano de consulta y participación indígena, considero inaceptable aprobar este proyecto sin consulta previa e informado, antes de una decisión y consensos. Lo principal es brindar participación plena a los referentes indígenas como: CEAPI, ODIM y grupos de caciques”.
Carlos Benítez (cacique de la comunidad “Yasi Porá” de Puerto Iguazú y coautor del diccionario “Mbya-Español”) manifestó que “es una violación de la ley, porque no se realizó ninguna consulta, implica abuso hacia nuestro pueblo. Más allá de que el proyecto se haya ejecutado con buenas intenciones, deberíamos ser los protagonistas principales, ya que se trata de nosotros”.
“Beto” Benítez (miembro del Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas y docente. Perteneciente a la Comunidad “Mbororé” de Puerto Iguazú) sostuvo que “según mi punto de vista, se debe consultar siempre, no podemos permitir que sigan pasando estas cosas. Que nos quieran hacer lo mismo que a nuestros abuelos, ahora estamos más preparados. No estoy de acuerdo con que se haya ejecutado sin ninguna consulta, nuestra Constitución nos respalda claramente”.
Eliseo Chamorro (cacique y docente de la comunidad Ka’aguy Poty de A. del Valle), afirmó sentirse “como un defensor, protector de la cultura y además sigo practicando nuestra cultura, por eso la mezquino mucho. Por el momento hay que atajar ese proyecto, al que no veo como un verdadero resguardo sino más bien una explotación”.
Jorgelina Duarte (miembro del “Aty Ñechyrô” y docente, perteneciente a la comunidad “Tamandua”), dijo que “primero y principal debe haber una consulta previa; además, me entero sólo por la publicación. Para que yo esté de acuerdo o no, debo tener informaciones necesarias”.
Osvaldo Morínigo (miembro del Consejo Educativo Autónomo del pueblo indígena de Misiones y docente, perteneciente a la comunidad “Ka’a Kupe” de Ruiz de Montoya), aseveró que “es inaceptable, primero porque no responde a los intereses reales, demandas ni prioridades de acuerdo a las necesidades del pueblo mbya guaraní. En segundo lugar, los pueblos originarios tenemos el reconocimiento de nuestra preexistencia étnica y cultural ante el Estado, el respeto a la identidad cultural y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”.
“Exigimos que se detenga este avance del proyecto; además, consideramos no ideal en este contexto de pandemia consultar ni informar a las comunidades. Cualquier intento de consulta no será efectivo, sin consentimiento de unanimidad que resulte desde una asamblea general realizada por los caciques, referentes y miembros de las mayorías de las comunidades mbya guaraní”, declararon los referentes en un manifiesto.
