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El titular del Enacom confirma que habrá tarifa social de comunicaciones

24 agosto, 2020

El titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, aseguró hoy que, tras el decreto presidencial que declaró servicio esencial a la telefonía fija y móvil, internet y cable, desde el organismo comenzarán a delinear hoy la puesta en marcha de una tarifa social para estos servicios.

“Hoy al mediodía vamos a tener una reunión con todos los directores de Enacom para empezar a diseñar una tarifa social que pueda cumplir con las expectativas de la gente”, dijo Ambrosini en diálogo con El Destape Radio.

Agregó que “el objetivo es que la gente se pueda educar y acceder a un servicio lógico en cuanto a prestaciones”, y sostuvo que la idea es que el servicio “tenga el alcance suficiente para evitar que en dos minutos te quedes sin datos o sin llamar por teléfono”.

En respuesta a críticas de la oposición al DNU firmado por el Ejecutivo, Ambrosini afirmó que “se habla de estatizaciones” cuando se está “muy lejos en el espíritu del DNU de tener esa concepción”.

Ambrosini precisó que el objetivo es “sentarse con las empresas y pedirles que acompañen la marcha de la economía” ya que a nivel mundial y en la Argentina “no” se está “pasando por un buen momento”.

El funcionario dijo que aún no tiene información respecto de si algunas empresas afectadas por el DNU irán a la Justicia, aunque aseguró que desde el organismo no tienen “ningún temor”.

“Sabemos de la manera que lo hicimos y de momento no tenemos ninguna comunicación de las empresas”, dijo.

El titular del Enacom agregó que “algunos personajes de la política hablaban de la desinversión y, si se compara con las prepagas, las empresas de medicina prepaga no dejaron de invertir porque se pusieron de acuerdo con el Gobierno en la formación de precios”.

Sobre la negociación con las empresas previa a la firma del decreto, Ambrosini relató que “propusieron aumentos que eran un poco elevados” y que entonces se les propuso “ver qué esfuerzo podían hacer”.

“No obtuvimos respuesta, y allí se comenzó a pensar la medida”, explicó.

Por su parte, el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, aseguró que el DNU es “una medida sensata” porque “en medio de la pandemia no se podía soportar un segundo aumento, ya que en marzo había habido un aumento de estos servicios”.

López explicó que, a través del decreto, “el Presidente (Alberto Fernández) considera la comunicación como un derecho humano básico, lo que hoy está reconocido por Naciones Unidas como algo imprescindible para el desarrollo de la vida humana”.

Además, aseguró el funcionario, “el tema era ver cómo el Estado recuperaba herramientas para dejar de ser un espectador cada vez que las empresas anunciaban aumentos de precios”.

El número dos del Enacom indicó que además de la tarifa social que se establecerá para estos servicios, “el Enacom invertirá un fondo de mil millones de pesos en infraestructura en los barrios populares”.

Sobre los cuestionamientos de la oposición a los términos del decreto, López afirmó que “en la Constitución está incorporado el derecho del consumidor y los tratados internacionales de derechos humanos, y este derecho a la comunicación es un derecho humano básico”.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: Tarifa SocialTelefonía
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
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