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Comerciantes de Piray se sienten “acorralados” por el municipio

20 agosto, 2020
Puerto Piray

EL INTENDENTE NO LOS ATENDIÓ. Casi un centenar de afectados se movilizó el martes hasta la sede comunal en busca de respuestas.

Puerto Piray
EL INTENDENTE NO LOS ATENDIÓ. Casi un centenar de afectados se movilizó el martes hasta la sede comunal en busca de respuestas.

Casi un centenar de comerciantes de la localidad de Puerto Piray se manifestó pacíficamente el lunes frente al municipio local, reclamando ser escuchados por el intendente Jorge Lezcano. Al no ser atendidos por el jefe comunal (que según indicaron, estaba en el edificio), decidieron entregar la nota de reclamo el martes por mesa de entrada de la Comuna.

Puerto Piray
DEMANDAS. Solicitan solución a cuestiones como la inseguridad.

Los comerciantes reclaman, entre otras cosas, la regularización de los comercios, la suspensión de las acciones judiciales disparadas por el municipio, la extensión de los horarios de trabajo y una flexibilización de los requerimientos a los comercios y empresas de servicios mientras dure la Emergencia Sanitaria.

Según contaron a PRIMERA EDICIÓN hace poco más de un mes comenzaron a llegarles intimaciones para la presentación de las declaraciones juradas de los últimos diez años, siendo que “muchos no la tienen, porque el Municipio no contaba con este sistema, sino que establecía un monto fijo según el rubro. Pasaron unos años que se elevó el monto fijo y el Municipio te daba la opción de pagarlo o presentar la declaración jurada y si la declaración jurada te daba un monto menor, pagabas lo que te decía la declaración jurada”, contó Pablo Luna, dueño de una mueblería. Es decir, que hace diez años no era obligatoria -como sí lo es ahora- esa documentación que se les está exigiendo.

En ese marco, protestó Luna, “el intendente disparó en el transcurso del último mes una cantidad infernal de intimaciones a los comerciantes y a las empresas de servicios, se ha dedicado sistemáticamente a intimar a todos a ponerse al día en un plazo de cinco días. A partir de ahí, todos los comerciantes comenzamos a sacar turno, en el marco de la pandemia -con lo que eso significa- y presentamos las documentaciones que se nos pidió”.

“El caso es que si no podés cumplir con el plazo impuesto, el Ejecutivo puede multarte y las multas van de 5.000 a 20 mil pesos. Pasados cinco días de no hacer efectivo el pago, la multa se multiplica por 10 y pasás a deberle 220 mil pesos al Municipio; y a partir de ahí, un interés diario que hace imposible pagar”, detalló.

Ante esta situación, los comerciantes se acercaron a la Comuna para dialogar con el intendente, que según explicaron, fue dotado de poderes especiales por el Concejo Deliberante para llevar a cabo este tipo de acciones.

El caso es que “cuando nos acercamos a presentar las documentaciones y pagar, no te aceptan el pago en cuotas o una moratoria: quieren el pago en efectivo y total, pero nadie tiene el dinero, y menos en este momento de crisis, porque con la pandemia debimos cerrar nuestros comercios por más de un mes, después comenzamos a trabajar a puertas cerradas y con entrega a domicilio”.

“Es imposible tener el dinero que nos están exigiendo. Hay multas de 96 mil pesos y hasta 600 mil pesos, ¿quién tiene ese dinero en este momento?”, se preguntó el vocero de los afectados.

Los comerciantes presentaron su caso ante la Cámara de Comercio de Montecarlo y están buscando soluciones a su situación en conjunto.

 

Puerto Piray
RESPUESTA. La Comuna sólo se expresó a través de Facebook.

Un caso testigo

Además, los manifestantes aducen que hay “una persecución política por parte del intendente” y marcaron el caso de Belén Brunaga, quien tiene un resto-bar y canchas de fútbol cinco. La mujer contó a este diario que “acá en Piray, cuando te mudás tenés que hacer el cambio de domicilio y pedir una nueva habilitación presentando todos los requisitos del nuevo espacio, pero podés trabajar mientras se tramitan”.

“Hace un año que presenté todos los papeles y hasta ahora no me dan la habilitación. Cuando voy, me dicen que falta la firma del intendente, hice todo lo que me pidieron, tengo todo lo requerido y ahora con esto de la pandemia, cuando fui a pedir los protocolos, me dijeron que no puedo trabajar porque no tengo la nueva habilitación“, continuó.

“El caso es que los inspectores vienen a mi local, tengo todo lo que piden, pero no me dan la habilitación, tampoco me labran actas, así que hice una exposición policial. Lo único que quiero es trabajar, tenemos delivery de comida y la cancha de fútbol cinco, vivo de esto, puse todos mis impuestos al día y no me dejan trabajar. Por diferencias de pensamiento político entre el intendente y yo, creo que no firma la habilitación”, sintetizó.

Desde la Comuna no dieron declaraciones y sólo publicaron una nota en su página de Facebook alegando que las declaraciones de los comerciantes son “falacias”.

Tags: comerciantesPuerto Pirayrabajadores reclamaron
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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