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Cuando la rentabilidad excesiva se transforma en voracidad desmedida

16 agosto, 2020
USADAS. Las unidades Z porteña “prestadas” a las empresas Z de la tierra colorada.

El grupo empresario que mayoritariamente maneja el transporte de pasajeros de Posadas, una vez más quedó envuelto en denuncias, investigaciones y allanamientos por presuntas irregularidades por una licitación al pretender quedarse con la concesión de la Línea 141, en la ciudad de Buenos Aires.

 

Voracidad infinita

Después que las autoridades del área de transporte del Gobierno anterior realizaran maniobras que se están investigando bajo la esfera de la Justicia, producto de la distribución de las compensaciones (subsidios) tarifarias, se han producido, grandes beneficiados y grandes perjudicados, que originaron reclamos y conflictos múltiples, que derivaron muy llamativamente en un llamamiento a una licitación (Edicto 27381/2020) publicado en el Boletín Oficial el 15/7/20, bajo un formato muy sui generis, con un plazo máximo de 4 días, y se debían acreditar la compra de 85 coches que no estuvieran afectados a otros recorridos, y a cambio se extendería un permiso transitorio para la adjudicación de la Línea 141 de la empresa Mayo SATA perteneciente a la familia Cirigliano.

Los oferentes a esta licitación fueron dos: una fue la empresa ERSA Urbano que está en concurso de acreedores y técnicamente quebrada; y una UTE integrada por La Central de Vicente López y el operador de servicios provinciales Nuestra Señora del Rosario (pertenecientes ambas a Marcelo Zbikoski).

Esta causa tramita en el Juzgado Federal número 10 y tiene como denunciados a Eduardo y Marcelo Zbikoski, Héctor Prieto, Roberto Fernández, Guillermo Krantzer, Eduardo Sicaro y Guillermo Dietrich.

Por ende, esta licitación mencionada fue objetada, argumentando que fue diseñada sólo para ser ganada por uno solo de los denunciados en la causa CFP2864/20 (Sr. Marcelo Zbikoski).

Dicha licitación se dio bajo el marco de una investigación judicial por la comisión del posible delito de “Defraudación al Estado y a otras empresas de transporte”, haciéndolas deficitarias con la intervención del Estado con el objeto de comprarlas posteriormente.

Esta voracidad infinita trajo aparejada el inicio de una nueva causa -la CFP 5396/20- donde se investiga a Dietrich, Marcelo Zbikoski, Krantzer, Fernández, y Romero bajo el posible delito de concreción de fraude anteriormente mencionado, tramitándose en el Juzgado Federal 7 del Dr. Casanello, Fiscalía 2 del Dr. Rivolo.

 

Litigiosidad múltiple

Es la forma de aplanar los obstáculos a través del litigio. Definiendo obstáculo como un posible detractor y siendo un detractor, todo ser que obstaculice sus ambiciones.

Esta es la forma que crearon estas empresas para acallar las investigaciones, cercenar la opinión, y limitar la crítica ante cualquier nota o investigación.

Andanadas de cartas documentos, presentaciones judiciales que pretenden silenciar a la opinión pública, arrogando demostraciones de poder e influencia como medio de amedrentamiento fueron, son y posiblemente serán sus formas.

 

Engaños frecuentes

Mucho se habla de esto en Posadas respecto del hacinamiento de los pasajeros en los medios de transporte, también de las nuevas normativas para viajar en los mismos producto de la pandemia.

Críticas de los usuarios, organizaciones vecinales, entidades intermedias e investigaciones de la prensa al respecto se vieron acalladas con la aparición de 60 coches de la empresa que maneja el transporte de Posadas mayoritariamente. Haciendo una demostración de “fuerte inversión” en la provincia y en el transporte automotor de pasajeros.

Las investigaciones pertinentes dieron como resultado que los mencionados coches se encuentran registrados en otra empresa: La Central de Vicente López SA, para efectuar otro servicio, otros recorridos, y debiendo satisfacer a otros usuarios. Por ende percibiendo subsidios probablemente en otra jurisdicción.

Por otra parte tampoco los coches son cero kilómetro. Lo que sí fueron recurrentemente es ploteados, conservando todavía los números de interno de su anterior empresa donde estarían registrados.

Para finalizar este capítulo de engaños, estos coches forman parte de los 85 comprometidos en la licitación por la Línea 141 de Buenos Aires, suspendida judicialmente con expedientes secuestrados bajo allanamientos de la Justicia Federal.

 

Rentabilidad indefinida

De la mano de la voracidad infinita surge el brazo ejecutor, que es la rentabilidad indefinida, siendo indefinido todo aquello no determinado fehacientemente, no controlado, no auditado.

Esto fue conseguido a través de obtener la no implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) Nacional.

Todo conocedor o analista del transporte público de pasajeros sabe que la tarjeta SUBE es el corazón del sistema de control de rentabilidad y, por ende, del manejo de las compensaciones (subsidios) por persona transportada.

El no permitir que se instale la SUBE Nacional deja al usuario, y al Gobierno en el ocultismo respecto de los pasajeros transportados y la recaudación percibida, con lo cual el prestador, las empresas nucleadas entre ellos que además -menos una- pertenecen a un mismo dueño, dicen cuántos, cómo y dónde transportan y negocian compensaciones, siendo juez y parte en la transacción.

 

La rentabilidad es el objeto empresario

La rentabilidad indefinida es el perjuicio del débil desprotegido por quien debió cuidarlo (el Estado) ante la mirada atónita de un control inexistente.

 

Investigaciones judiciales diversas

De una investigación de PRIMERA EDICIÓN surge, entre otras cosas diversas que son y serán sujeto de análisis posteriores, datos objetivos y concretos respecto de causas judiciales en curso sobre el prestador del transporte público de Posadas.

Las causas denunciadas y en vías de investigación tienen un común denominador: favoritismos del poder para la obtención de nuevos servicios, maximización de la rentabilidad a través de una voracidad sin límite, como consecuencia de la eliminación de los sistemas de control.

De esto nos hablan las causas CFP 2864/2020 que tramita el Juzgado Federal 10; la CFP 3023/13 en el Tribunal Oral Federal 6; y la CFP 5396/2020 que se sustancia en el Juzgado Federal 7.

 

Corolario

Esta investigación y las próximas ampliaciones nos piden a gritos el rol de velar por el usuario del transporte público. ¿Quién tomará este rol? ¿Será la ciudadanía, será el Gobierno o será el prestador monopólico?

Será la hora de que el ciudadano opine, se involucre, declame lo que quiere, lo que necesite o simplemente la contraprestación por lo que paga.

En el corto plazo será el momento de focalizar sobre otros tópicos que involucren al transporte de pasajeros misionero, será el momento de profundizar sobre costos, rentabilidades y subsidios que perciben las empresas y que involucran a todos los habitantes, usuarios o no del servicio, que son los que pagan estos aportes.

Pero estos análisis serán en otro momento de nuestra próxima investigación.

Tags: ColectivosDon CasimiroTransportes
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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