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“La sociedad ha ido abandonando poco a poco el problema carcelario”

7 agosto, 2020
Imagen ilustrativa

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El presidente Alberto Fernández afirmó este viernes que “no se puede seguir mirando impávidos las condiciones de hacinamiento” de las cárceles del país, al inaugurar 364 nuevas plazas y otras obras en tres cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), ubicadas en Florencio Varela, Magdalena y San Martín.

“La sociedad ha ido abandonando poco a poco el problema carcelario”, aseveró el mandatario al encabezar, junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, un acto -por videoconferencia- desde la residencia de Olivos.

Durante la inauguración en el marco del “Plan de Infraestructura Penitenciaria” dentro del programa “Más trabajo, menos reincidencia”, Fernández señaló que “si en las cárceles ponemos más camas y les damos la posibilidad de estudiar y de prepararse para el día de mañana, estaremos dando mejores condiciones sociales para el futuro”.

El mandatario sostuvo que “el encierro es una penuria muy grande y no puede haber más penuria que esa” para la persona condenada y añadió: “No podemos seguir mirando impávidos las condiciones de hacinamiento”.

“Cuando las cárceles se hacinan y los presos terminan olvidados, al preso no le queda otra opción, cuando sale, que volver al mismo lugar donde aprendió el delito”, advirtió en su mensaje.

Asimismo, agregó: “No queremos que quede impune el delito; que cuando ocurre, sea castigado, y que, cuando haya sentencia condenatoria, cumpla la condena en condiciones de dignidad”.

“Lo que necesitamos es que quien soporta el castigo del encierro tenga la capacidad de prepararse para el día de mañana cuando esté libre. Para esos necesitamos dos cosas: que el encierro no lo vuelva más violento y que también se capacite para encontrar un futuro”, precisó el Presidente, quien además es profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) de la materia Teoría General del Delito y Sistema de la Pena.

“Necesitamos construir cárceles porque si el delito crece, más gente será condenada y los condenados deben recibir un trato humanitario y ético”, dijo Alberto Fernández, quien aclaró: “No estoy contento de crear cárceles. Estoy conforme”, remarcó.

Fernández agregó: “Que hoy estemos inaugurando unidades y nos comprometamos a más unidades penitenciarias que le den a los detenidos lugares más aptos y puedan capacitarse habla bien de nosotros”.

Por último, el mandatario se refirió, además, a la necesidad de que las cárceles “no se conviertan en mercados negros”.

Desde el penal del municipio bonaerense de Florencio Varela, Kicillof consideró que “es un día importante que marca un cambio de dirección de la política respecto al sistema carcelario porque veníamos de cuatro años donde dejaron una deuda económica para pagar y una deuda importantísima porque aumentaron los detenidos de 33 mil a casi 44 mil detenidos y sólo aumentaron mil plazas porque no hubo inversión”.

“Este es un plan que en los próximos meses nos va a llevar a 2 mil nuevas plazas en el sistema penitenciario de la provincia, algo que no ocurría hace mucho tiempo”, señaló el mandatario bonaerense.

Sobre los beneficios de invertir en mejoras de infraestructura penitenciaria, Kicillof reflexionó: “Todos hablan de la reincidencia de aquellos que cumplen su condena, pero nadie decidió invertir para mejorar las condiciones de las cárceles y que allí se pueda estudiar. Esto hace a una política de seguridad integral”, remarcó.

Según un dato estadístico que precisó Kicillof, “quienes hacen cursos universitarios durante su condena, al salir tienen reincidencia cero”, lo que luego fue destacado por el propio Presidente.

En ese sentido, el gobernador de la provincia de Buenos Aires remarcó: “En el sistema penitenciario bonaerense vamos a priorizar la formación académica y en oficios”.

A su turno, el secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil, afirmó que “cada una de estas construcciones en unidades penitenciarias incorporan equipamientos para tener un contexto de encierro digno y que no se los prive del derecho de salud, por ejemplo”.

Gil también destacó la importancia de haber alcanzado un acuerdo con los acreedores para la reestructuración de la deuda pública porque “haber quitado esta hipoteca nos permite volver tener a la obra pública como una herramienta para poner a la Argentina de pie, más integrada, más justa y más federal”.

Del acto participaron también el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco; el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense Julio Alak; y los intendentes Andrés Watson (Florencio Varela), Fernando Moreira (San Martín) y Gonzalo Peluso (Magdalena).

Durante el acto se inauguraron también salones de usos múltiples y espacios comunes como talleres y aulas, todo como parte del “Plan de Infraestructura”.

Además, los tres penales forman parte de la construcción de 15 Hospitales Penitenciarios en complejos ubicados en 12 distritos de la provincia de Buenos Aires, con una capacidad de 390 camas de internación, en el marco de la pandemia por coronavirus.

En el Complejo Penitenciario de Florencio Varela se están construyendo tres módulos sanitarios, con 72 camas y están realizando la base de hormigón donde se apoya el Hospital modular.

Los módulos, que está construyendo el Ministerio de Obras Públicas, se emplazarán en las cárceles de Florencio Varela, Lomas de Zamora, Campana, San Martín, Ituzaingó, La Plata, Magdalena, Mar del Plata (Batán), Olavarría y General Alvear.

Estos hospitales cuentan con pabellones de 382 metros cuadrados, 24 habitaciones individuales y 8 baños, servicio de laboratorio, sala de rayos y ecografía, cama de terapia intensiva, unidad de diálisis, así como el respectivo equipamiento e insumos: camillas, ecógrafo, equipo de rayos y mamógrafo.

Fuente: Agencia de Noticias Télam

Tags: cárcelesseguridad
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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