El juez Luis Roberto Barroso le ha dado al gobierno brasileño sólo tres días para establecer un equipo de respuesta que brinde medidas para contener el contagio y la mortalidad de COVID-19 entre la población indígena, además de preservar sus territorios.
Bolsonaro debe establecer puestos de control en tierras indígenas, con apoyo militar si es necesario, para evitar que personas ajenas entren sin permiso y para realizar pruebas de COVID-19.
La orden responde a una petición del 29 de junio presentada por una organización brasileña de derechos indígenas y seis partidos políticos que afirman que el COVID-19 podría llevar a un “genocidio” a la población indígena de Brasil ya en situación de riesgo.
Los datos de la pandemia muestran que los brasileños indígenas enferman y mueren en tasas más altas que la población general.
La mayoría de los aproximadamente 896.000 indígenas de Brasil viven en la región amazónica, donde el hospital más cercano puede estar a días en barco y ofrece servicios limitados.
Los brasileños indígenas también tienen tasas más altas de desnutrición, anemia y obesidad que la población general, factores de riesgo grave para COVID-19.
Hasta el 8 de julio, el Ministerio de Salud reportó 8.098 infecciones por COVID-19 entre indígenas y 184 muertes. El Comité Nacional de Vida y Memoria Indígena, un grupo que apoya a los pueblos indígenas durante la pandemia, estima más de 12.000 infecciones y 446 muertes.
Brasil, el segundo país con más contagios y muertes por el nuevo coronavirus, superó el jueves la barrera de los 1,75 millones de casos confirmados y se acercó a las 70.000 defunciones, se informó oficialmente.
Desmantelamiento progresivo
El brote incontrolado de coronavirus de Brasil es sólo la última amenaza mortal para los pueblos indígenas bajo la presidencia de Jair Bolsonaro, quien recientemente dio positivo por el COVID-19.
Desde que asumió el cargo en enero de 2018, Bolsonaro ha desmantelado las protecciones ambientales de la Amazonia, permitiendo que aumenten la deforestación y los incendios forestales.
También ha reducido los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y ha hecho la vista gorda con la minería ilegal, la explotación forestal y las operaciones agrícolas en esos territorios.
Las políticas públicas y la retórica del presidente hacia los indígenas brasileños son tan abiertamente hostiles que esencialmente constituyen una campaña de genocidio, según medios locales.
A finales de 2019, dos importantes organizaciones brasileñas de derechos humanos argumentaron ante la Corte Penal Internacional de las Naciones Unidas que el líder de derecha estaba “incitando al genocidio” contra los pueblos indígenas.
Ese caso está todavía pendiente, pero según el derecho internacional, el delito de genocidio sólo requiere “la intención de destruir, total o parcialmente” un grupo basada en su nacionalidad, etnia, raza o religión. Por tanto, no sólo se refiere a los asesinatos explícitos en masa. Causar daños graves a una población y destruir su forma de vida también puede constituir un genocidio.
