El juez federal Juan Pablo Auge tiene previsto este martes concluir las declaraciones indagatorias de los detenidos en la causa por espionaje ilegal a políticos, periodistas y empresarios, entre otras víctimas, en tanto debe resolver si acepta un pedido para citar como acusados a los ex responsables de la AFI en el gobierno de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Se trata de dos investigaciones diferentes por espionaje y en la que le fue derivada tras ser apartado su par Federico Villena, el juez federal de Lomas de Zamora programó para este martes las indagatorias de Guillermo Matta, Jonathan Nievas y Dominique Lasaigues, tres excarcelados en la investigación, mientras que para este miércoles está prevista la de Javier Bustos, según el cronograma difundido en fuentes judiciales.
Además, debe resolver si cita a declaración indagatoria a Arribas y Majdalani en otra investigación que ya estaba en su juzgado por espionaje ilegal al Instituto Patria y al domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en base a un pedido de la fiscal Cecilia Incardona.
En su dictamen, la fiscalía sostuvo que las maniobras sobre el instituto Patria y la persona de la Vicepresidenta en 2018 habrían sido ejecutadas en base a órdenes que habría impartido Majdalani.
Según la acusación, estas directivas habrían sido instrumentadas por un ex agente de la AFI ya detenido en el caso, Alan Ruiz, a quien la fiscalía pidió procesar sin prisión preventiva, algo que también deberá decidir el juez, explicaron fuentes judiciales.
Según la fiscal, Majdalani “tenía un conocimiento actualizado y periódico sobre los avances de esos espionajes ilegales nutridos de los resultados de vigilancias y observaciones”.
Los informes de las tareas encomendadas “eran remitidos al equipo de Alan Ruiz y, posteriormente, éste se los elevaba a la nombrada“.
La fiscal recordó en el dictamen que, en agosto de 2018, Arribas y Majdalani enviaron una nota a la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso nacional donde sostuvieron “falsamente que no se habían producido seguimientos respecto de Cristina Fernández y que el personal descubierto en el lugar estaba allí realizando tareas investigativas” por orden judicial.
Esto, sostuvo Incardona, “obedeció a la decisión de ocultar que las tareas descubiertas tenían carácter ilegal”.
El espionaje al Instituto Patria y a la actual Vicepresidenta no estaba “de ningún modo” ordenado por la Justicia en la causa a la que se aludió “en el momento que se llevaron a cabo”, concluyó el dictamen fiscal.
