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Militares colombianos habrían violado a niña de 13 años

24 junio, 2020
Foto ilustrativa.

“En hechos que son materia de investigación, se tuvo conocimiento que, en horas de la tarde del 22 de junio de 2020, al parecer un grupo de soldados pertenecientes al Batallón San Mateo, estarían inmersos en un posible caso de abuso sexual al parecer con menor de edad, perteneciente al resguardo indígena Embera Chamí”, indica el comunicado de la fuerza difundido este miércoles por el diario eltiempo.com.

 

#Regiones | Un grupo de siete soldados adscritos al batallón San Mateo de Pereira presuntamente violó a una niña embera de un resguardo localizado en Pueblo Rico – Risaralda. @Gob_Risaralda @Batsanmateo1234 @OCTAVABRIGADA @ONIC_Colombia https://t.co/xzrG9zoWVp @lafm #LaFMTeCuida pic.twitter.com/psMFTKkIya

— LA Fm del Eje (@lafmdeleje) June 24, 2020

 

El deplorable acontecimiento habría ocurrido en el corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico, Risaralda.

El Ejército aseguró que un suboficial le contó al comandante de la unidad y “de inmediato se puso en conocimiento de la autoridad competente, con el fin de constatar la situación denunciada e iniciar las acciones a que haya lugar, que permitan esclarecer los hechos y posibles responsables”.

En cuanto a la menor, el comunicado del Comando indica que esta fue trasladada a un puesto de salud del corregimiento para valorarla. Allí se “realizó la restitución de derechos de la menor, por parte de la Unidad de Infancia y Adolescencia y la Comisaría de Familia de Puerto Rico”.

Mujeres de la comunidad Embera se pintan sus cuerpos con jaiba, como lo manda la tradición.

“Este Comando rechaza este tipo de hechos que van en contra de los valores institucionales del Ejército Nacional, y una vez se conozcan las decisiones por parte de las autoridades competentes, se tomarán en forma inmediata las acciones administrativas y/o sancionatorias”, concluye el comunicado.

Los emberá, también llamados chocó, son un pueblo amerindio que habita en algunas zonas de la región del Pacífico y zonas adyacentes de Colombia, el este de Panamá y el noroeste de Ecuador. Son unas 68.000 personas.

Los indígenas Embera Chamí del Resguardo Cañamomo Lomaprieta ubicado entre los municipios de Riosucio y Supía en el departamento colombiano de Caldas han librado una lucha histórica por el reconocimiento de su territorio ancestral.

Cañamomo es uno de los aproximadamente 69 resguardos de origen colonial creados mediante cédulas reales y documentos de la antigua Corona española desde principios del siglo XVII.

Fuente: Agencia de Noticias AFP/NA

Tags: ColombiaEjército de Colombiaviolación
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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