Ocho proyectos de emergencia turística ingresaron al Congreso desde que el Covid-19 se introdujo en el país y esperan su tratamiento parlamentario, aunque el Ministerio de Turismo y Deportes (Minturdep) considera que la ayuda organizada por el gobierno para el sector constituye de hecho una declaración de emergencia.
Los proyectos, de varias fuerzas políticas y con diversos perfiles, coinciden en cuanto a eximición o reducciones impositivas y de cargas patronales, el otorgamiento de préstamos a tasa 0%, subsidios, la preservación del empleo y la suspensión de ejecuciones y procesos judiciales por falta de pago de tasas y otras obligaciones con el fisco.
Al respecto, el Minturdep emitió un comunicado que señalo que “a partir de la batería de medidas implementadas bajo el Decreto 260/2020, que dispuso la Emergencia Sanitaria, la emergencia turística está declarada de hecho”.
“En ese sentido, más de 15 mil mipymes del sector y más de 140 mil trabajadores y trabajadoras ya fueron beneficiados con el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que lanzó el gobierno nacional para paliar esta crisis”, sostuvo el comunicado.
Partidas extraordinarias
La cartera turística añadió que también consiguió “partidas extraordinarias que duplicaron el presupuesto de Turismo y posibilitará la puesta en marcha del Plan de Auxilio, Capacitación e Infraestructura para el Turismo”.
De los proyectos legislativos, el más reciente es el del diputado Ramiro Fernández Patri, del Frente de Todos, con una propuesta abarcativa que incluye a las pymes, guías independientes, los argentinos varados en el exterior y viajeros con pasajes que fueron cancelados.
Fuentes cercanas al legislador formoseño señalaron que por su amplitud y por ser la más reciente es la que más se adapta a la evolución de la coyuntura, por lo que esperan que tenga el respaldo del ministerio y de los bloques oficialistas de ambas cámaras para lograr su aprobación.
Todos los proyectos entraron por Diputados, y los primeros surgieron del radicalismo y el Pro, por separado, el 12 de marzo, con propuestas de emergencia por 180 días.
Al día siguiente ingresó otro del Pro, que además propone crear el Consejo de Articulación Público Privado para la Recuperación de la Actividad Turística y el Fondo Nacional para el mismo fin.
Ya en abril, once legisladores radicales propusieron la emergencia para la hotelería, gastronomía, agencias de viajes y turismo y prestadores de servicios hasta 31 de diciembre de 2020, con un régimen de emergencia laboral, tributario y financiero, durante la cuarentena y sus prórrogas.
También autoriza las suspensiones laborales a cambio del pago de un salario mínimo a cargo del empleador, cuyo monto obrará como un crédito fiscal a su favor.
Desde el Movimiento Popular Neuquino, la diputada Alma Sapag, presentó su propuesta de “emergencia económica, productiva, financiera, fiscal y social a la cadena de valor de la actividad turística” por 365 días desde su sanción.
Entre otras medidas, autoriza a la Nación a utilizar dinero del Fondo Nacional de Turismo para subsidios y toda otra acción que proteja a las empresas y al empleo.
Proyecto misionerista
El Frente de la Concordia Misionero ingresó un proyecto de un “Régimen Transitorio de Emergencia para el Sector Turístico, Hotelero y Gastronómico”, que contempla un Programa de Asistencia Crediticia para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
Contempla, además, la suspensión de ejecuciones por créditos hipotecarios o prendarios, judiciales o extrajudiciales; una moratoria por deudas tributarias y previsionales y la creación de un ingreso familiar de emergencia para el turismo, la gastronomía y la hotelería.
El justicialista salteño Andrés Zottos propuso un régimen transitorio de asistencia fiscal integral para todo el sector turístico y que los hoteles que adhieran estén disponibles para la internación o alojamiento de personas en cuarentena.
Programas similares
Otros proyectos, similares pero no de emergencia turística en general, fueron el del Programa de Asistencia de Emergencia al Turismo, del Pro, destinado a Pymes, y el del radicalismo que crea el Régimen de Promoción de los Rubros Hotelero y Gastronómico.
