Ya fue suficiente. Es tiempo que los lectores y la opinión pública en general sepan que durante largos años, el Grupo Z apeló a su constante amedrentamiento contra el Diario PRIMERA EDICIÓN, para tratar de acallar las críticas que los usuarios, trabajadores y gremios, hasta sectores públicos realizan por su servicio de transporte público de pasajeros.
Infinidad de cartas documento y solicitadas en medios de comunicación que aceptaron ser parte del operativo silenciador de la libertad de expresión y de derecho a la información de los misioneros, han sido parte del constante ataque.
Todo es porque PRIMERA EDICIÓN se convirtió en uno de los pocos sectores de la prensa provincial que escuchan y reflejan las voces de usuarios, comisiones vecinales, organizaciones civiles y políticas que exigen al grupo empresario prestador de servicios públicos concesionados, una real y efectiva mejora. Como también haber sido un canal de críticas de los que se opusieron a los constantes “boletazos” logrados a lo largo de tantos años en perjuicio de los bolsillos de los pasajeros.
Para los empresarios Z este Diario “miente” cuando cuenta el padecer de la gente. En lugar de darles una respuesta contundente a la larga lista de pedidos que se juntan en las audiencias públicas o desde la Defensoría del Pueblo de Posadas, eligieron victimizarse ante una sociedad que no les cree, porque en los hechos han quedado demostradas sus falencias.
En la Argentina, no seremos los primeros que se convierten en un objetivo a silenciar por parte de quienes se creen poderosos. En Misiones no queremos que a ningún otro colega que ejerza el periodismo, le toque ser parte de la campaña orquestada por una empresa que debe rendir cuentas a la sociedad y transparentar su funcionamiento. Porque en su carácter de prestador de un servicio público, recibió y sigue siendo beneficiario de millonarios subsidios que salen de los aportes que realizan todos los contribuyentes en impuestos del Estado.
Al Grupo Z le molesta que en las páginas del Diario se cuenten los problemas de un servicio público. Que no es gratuito, muy por el contrario. Aún cuando se habla de gratuidad siempre hay un beneficio para la empresa que sale del erario público. Del pueblo, de la gente, de los también usuarios.
La Convención Americana de Derechos Humanos indica en su Artículo 19: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
El compromiso que asumimos desde PRIMERA EDICIÓN es hacerlo de manera seria y responsable. En el caso del servicio prestado por el Grupo Z, incluso mostrando documentaciones o entrevistando a quienes directamente se ven afectados por su accionar.
Más cuando se trata de un servicio público donde la ciudadanía tiene el derecho a cuestionar libremente, en especial cuando quienes dicen ser sus representantes hacen caso omiso o hacen dormir en los cajones de sus escritorios los expedientes y notas, que llegan a los despachos criticando a quienes hoy parecen intocables.
Evidentemente tienen mucho dinero para gastar en honorarios de abogados, escribanos y en el servicio de correo para cartas documento; o pagar costosas y enormes solicitadas para victimizarse. Pero no para invertir en soluciones para los misioneros.
Podrán seguir así todo lo que quieran, pero a PRIMERA EDICIÓN no lograrán callarlo con las maniobras de amedrentamiento. Al contrario, con el ataque nos muestran que vamos por el camino correcto.
