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Cayó farmacéutico por barbijos vendidos al Gobierno de CABA

20 mayo, 2020

La jueza criminal y correccional Paula González detuvo hoy a un farmacéutico involucrado en la millonaria venta de barbijos a la Ciudad de Buenos Aires, que pagó por adelantado $170 millones. El detenido es Damián Andrés Nevi, un intermediario que firmó un contrato con la empresa E-ZAY, proveedora del Gobierno porteño.

En las últimas horas, la Justicia ordenó un allanamiento en su casa, donde la Policía encontró más de $700 mil en efectivo, y logró congelar $60 millones depositados en una cuenta bancaria, pudo saber Infobae en fuentes judiciales.

Por la investigación sobre la compra de los barbijos, hay un cruce de expedientes judiciales que podría generar un conflicto de competencia. El Gobierno de la Ciudad hizo una denuncia por estafa ante el fiscal porteño Maximiliano Vence, que está a cargo de todas las causas derivadas del COVID-19. Pero la empresa E-ZAY se adelantó con otra denuncia en el fuero criminal y correccional.

Nevi fue detenido en un domicilio del partido de Merlo, en la provincia de Buenos Aires y esta tarde declaró ante la jueza González, que ahora deberá resolver un pedido de excarcelación presentado por su defensa.

En su indagatoria, el farmacéutico aseguró que compró la empresa MENDISUMO en junio del año pasado y que habría pagado US$ 10 mil, pero no pudo justificar esa operación.

Sin embargo, ante la empresa E-ZAY presentó un documento donde aseguraba que había adquirido el 100% de las acciones de MENDISUMO a un médico boliviano. Esa operación estaba fechada el 3 de enero, menos de un mes después de declararse el primer caso de COVID-19 en Wuhan (China).

Con esos documentos, Nevi negoció durante estos dos meses con el fundador y actual apoderado de la empresa E-ZAY, Leandro Morbelli, quien finalmente lo denunció por estafa.

El farmacéutico iba a ser el proveedor de los barbijos que tenían que llegar a la Ciudad. El 2 de abril, E-ZAY le transfirió $60.500.000 a una cuenta del Banco Credicoop. Ese dinero acaba de ser congelado.

El caso, revelado por Infobae, arrancó el 30 de marzo, cuando el Gobierno de la Ciudad le compró a la empresa “E-ZAY SRL” un total de 5 millones de barbijos. Fue una contratación directa basada en la emergencia sanitaria. Tres días después, sin consultar los antecedentes de esa firma ni recibir un solo barbijo, se transfirieron por adelantado $162.350.000 (eran 170 millones menos los impuestos).

De los 5 millones de barbijos comprados, hasta el viernes pasado la Ciudad apenas había recibido 350 mil.

La denuncia de Morbelli contra Nevi relata una serie de episodios confusos, que incluyen un supuesto robo de piratas del asfalto, en los primeros días de la cuarentena, cuando la circulación en las autopistas era escasa.

El primer episodio tuvo lugar en un galpón de la localidad de Ezeiza. El proveedor programó una cita con un representante de E-ZAY, pero nunca habría aparecido. Ahí comenzaron las excusas. Luego se pactó una entrega en una deposito de OCASA que tampoco se concretó.

Nevi aseguró que le habían robado un camión en uno de los accesos a la Ciudad. Al día siguiente, se comunicó asegurando que ya había recuperado los barbijos y prometió devolver el dinero. La promesa nunca se concretó y siguieron negociando. En el último contacto, Nevi dijo que estaba en Rosario (Santa Fe).

E-ZAY le iba a cobrar a la Ciudad $68 por cada barbijo tricapa de la marca DIMEX logrando una enorme ganancia. El Observatorio del Derecho a la Ciudad había denunciado que la empresa fabricante de esos mismos barbijos, CINMOR SRL, le vendió a la Ciudad a la mitad de precio.

“La empresa hizo una estructura de costos, teniendo en cuenta todos los impuestos que hay que pagar en este tipo de compras al Estado, y la Ciudad lo aceptó”, argumentan desde la empresa.

Morbelli ratificó ayer la denuncia por estafa contra Nevi y declaró que trabajaba como representante comercial de un laboratorio. Cuando le preguntaron por el farmacéutico, dijo que no se acordaba cómo llegó a conocerlo.

Fuente: diario digital Infobae

Tags: arrestadobarbijosfarmacéuticoGobierno de la Ciudad
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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