El fiscal federal Guillermo Marijuan encaró una investigación para saber si existieron sobreprecios en la compra de insumos médicos de parte del Estado y otra para determinar si fueron justificados los aumentos de precios de las últimas semanas sobre productos básicos para la pandemia.
“Hice una denuncia que tiene que ver con el precio de distintos insumos necesarios e indispensables para tratar a gente con coronavirus, que tuvieron un aumento que va mucho más allá de lo normal”, explicó el fiscal en declaraciones al programa “Crónica de una tarde anunciada”, que conduce Nelson Castro por Radio Rivadavia.
Marijuan aclaró que no busca “intervenir en el libre juego del mercado, de la oferta y la demanda”, pero subrayó que en esta época “quien demanda no tiene libertad, porque sólo puede asistir a comercios a unos metros de su casa, y le tratan de vender un barbijo que estaba $10 a $300”.
“Estamos averiguando qué pasa con los precios de algunos productos desde que se producen en el país, como el alcohol en gel, hasta que llega a los consumidores. Y de otros que se importan”, explicó el fiscal.
A la vez, aclaró que son dos causas distintas, una por los insumos que se venden a los particulares, y otra por las compras que hizo el Estado, aparte de la pesquisa en marcha por la licitación fallida de alimentos a precios superiores a los de referencia que hizo Desarrollo Social.
Medicamentos
En el caso de las adquisiciones oficiales, Marijuan centró su investigación en 16 insumos básicos y 11 medicamentos que fueron comprados por el Gobierno nacional y por el de la Ciudad.
Entre los productos que entraron en investigación se encuentran termómetros, barbijos, camisolines, guantes de látex, antiparras protectoras, alcohol en gel, hisopos, detergente desinfectante y limpiador, camas de internación, equipos con desfibrilador, ecógrafos, aspiradores, tensiómetros y tubos de oxígeno.
Además, entre los medicamentos están Amoxicilina, Azitromicina, Cefalexina, Dexametasona, Loratadina, Ibuprofeno, Meprednisona, Paracetamol, Penicilina, G Benzatínica y Salbutamol.
Se agranda el escándalo de la CABA
El escándalo por la compra de 1.600 barbijos por parte del Gobierno de la Ciudad con supuestos sobreprecios a la empresa Green Salud, creada en octubre de 2019 y sin antecedentes en el rubro, acaba de tomar una dimensión inesperada. Los barbijos estaban vencidos desde mayo de 2016, confirmaron a Infobae fuentes de la empresa 3M. Esos barbijos fueron fabricados en mayo de 2013 y tenían una vida útil de tres años, por lo que deberían haber quedado fuera de circulación a mediados de 2016.
El escándalo arrancó por un supuesto sobreprecio. Luego de dos licitaciones desiertas, la firma Green Salud, del abogado Ignacio Sáenz Valiente, le vendió a la Ciudad 1.600 barbijos de la marca 3M a 3.000 pesos cada uno, muy por encima del valor de mercado pese a las condiciones de urgencia.
Green Salud debutó literalmente con la venta de barbijos a la Ciudad. No registraba ventas anteriores a la Ciudad. Infobae consultó con registros públicos y tampoco figuran compras o licitaciones previas con el gobierno bonaerense ni con el Gobierno nacional.
La firma de Sáenz Valiente no sólo aprovechó la pandemia para vender más caro sino que comercializaba productos ampliamente vencidos.
La empresa que produce los barbijos, la multinacional 3M, se encargó de averiguar los detalles de la maniobra y terminó descubriendo que la partida entregada, del modelo 8577, fueron fabricados en mayo de 2013 y no pueden ser utilizados.
De hecho, según trascendió, la empresa estadounidense le habría comunicado a las distintas autoridades de la Ciudad que se abstuviera de utilizarlos.
Sigue la causa de Desarrollo Social
La semana pasada, la Justicia realizó nuevos procedimientos en la investigación por la compra de alimentos con sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social. El juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Guillermo Marijuan realizaron pedidos de documentación al Gobierno por las adquisiciones y requerimientos a las empresas.
Se realizaron allanamientos en la sede de las empresas involucradas luego de que tareas de inteligencia ordenadas por la Justicia habían determinado que se estaban retirado documentos de una de las compañías investigadas. Y ahora esos procedimientos continuaron en oficinas del centro porteño.
La compra de alimentos se hizo por invitación a un grupo de empresas, no por licitación debido a la Emergencia Sanitaria e insumió unos 543 millones de pesos. La compra con sobreprecios motivó la renuncia de 16 funcionarios del Ministerio de Desarollo Social a cargo de Daniel Arroyo.
Copacabana fue la empresa que iba a vender aceite en la botella de 1,5 litros de la marca “Indigo” a $166.58. Ante el juez, el productor del aceite dijo que lo vendía a $96, incluyendo los impuestos y el traslado. Copacabana también iba a vender 340.000 kilos de fideos semolados, de azúcar, de arroz y de lentejas.
Fuente: Agencia de Noticias y Medios Digitales
