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Alberto Fernández frenó la compra en Desarrollo Social

7 abril, 2020

El presidente Alberto Fernández afirmó que cree en la “honestidad” del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que dispuso abrir una investigación para determinar “qué pasó” en la operatoria de compra de alimentos para asistencia social a valores más altos que los precios máximos dispuestos por el gobierno y apuntó contra la “cartelización de ciertos sectores” que imponen precios ante la emergencia, para “llenarse los bolsillos”.

En una entrevista con el programa Desde el Llano que se emite por TN, el mandatario dijo también que “si hubo un acto de corrupción” en la compra de alimentos será “el primero que lo va a perseguir” porque su intención “no es apañar a un corrupto” en su gobierno.

“Creo en la honestidad de Daniel Arroyo”, dijo Alberto Fernández sobre el titular de la cartera de Desarrollo Social, que dispuso abrir una investigación para saber qué pasó con esa operatoria.

Según explicó el Presidente, “las empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios y la cartera de Desarrollo Social tuvo que enfrentar el dilema entre alimentar a la gente y pagar más, o no hacerlo”.

“Esto habla de la cartelización de ciertos sectores “, dijo Alberto Fernández, que de todos modos dejó claro que “si hay acto de corrupción” vinculado a esta compra será “el primero que lo va a perseguir”.”No tengo ninguna intención de apañar a un corrupto”, dejó claro.

Dijo también que le pidió al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que esta compra “sea devuelta, pese a que ya se recibió parte de los alimentos, ya que aún no se pagó”.

“Ninguna compra se puede hacer sin respetar los precios máximos que el Estado fija”, afirmó el Presidente.

Agregó que “no puede ser que alguien se le plante al Estado y le diga no te vendo si no me pagás lo que quiero”.

“Soy el primer dialoguista, pero me han dado el poder del gobernar, y si lo tengo que ejercer, lo ejerzo”, advirtió al tiempo que apuntó: “No voy a permitir que alguien aprovecha un situación de emergencia para llenarse los bolsillos”.

En este sentido, también se refirió al aumento de precios en los comercios de cercanía y adelantó que mañana se publicará en el Boletín Oficial un DNU para que los intendentes puedan ejercer en sus municipios la autoridad de aplicación para el control de los precios.

Hoy, el ministro Arroyo dijo que “todas las compras” para el abastecimiento de los comedores y merenderos, donde la demanda creció de 8 a 11 millones de personas por la pandemia de coronavirus, “fueron realizadas bajo supervisión de la Sigen, el Instituto Nacional de Alimentación y las normativas del Decreto 260” de Emergencia Sanitaria.

“Desde el Ministerio convocamos a una licitación para una compra extraordinaria de alimentos ante el aumento de personas que asisten a comedores y merenderos”, detalló Arroyo vía Twitter.

Remarcó que, pese a que “en el rubro aceite por 1,5 litro y azúcar por 1 kilo la oferta superó los precios testigos”, se resolvió avanzar con el proceso “ante la necesidad de llegar a comedores”.

El funcionario precisó que esos dos ítems “sí estuvieron por encima de los precios fijados” y detalló: “Pedimos rebajas y se llegó hasta ahí pero no hubo rebaja; no obstante, decidimos igual hacer la compra porque estamos ante una emergencia”.

“En ningún rubro se compró a una sola empresa”, ya que el Ministerio realizó una licitación y una compra a partir del “aumento de las personas que asisten a los comedores”, en el marco del aislamiento obligatorio decretado en todo el país por la pandemia de coronavirus.

Fuente: Télam.

Tags: Alberto FernándezDesarrollo SocialGobiernoSobreprecios
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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