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Ecuador: el gobierno entregará ataúdes de cartón tras el colapso

5 abril, 2020

El gobierno de Ecuador anunció este domingo que se encargará de gestionar el sepelio de las personas que mueran en hospitales públicos de Guayaquil, la ciudad que concentra la mitad de los casos confirmados de coronavirus y 70% de los decesos por esa enfermedad en el país, y cuyo municipio informó que distribuirá unos 2.000 féretros de cartón para hacer frente a la escasez de ataúdes.

Mientras tanto, la propagación del virus en el país que registra la segunda mayor proporción de contagios por habitantes en Sudamérica llamó la atención de los dos vecinos con los que comparte fronteras terrestres, Colombia y Perú, que reforzaron el patrullaje de esos límites.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) del gobierno ecuatoriano informó que los familiares de quienes fallezcan en hospitales públicos de Guayaquil tendrán 24 horas para informar a las autoridades si realizarán el sepelio en forma particular o prefieren que se encargue el Estado.

Asimismo, el gobierno municipal de Guayaquil agradeció en Twitter a la Asociación de Cartoneros “por su aporte con las primeras 200 de 2.000 cajas mortuorias de cartón prensado”, un “aporte solidario” que será “de gran ayuda para brindar una digna sepultura a las personas fallecidas durante esta emergencia sanitaria”.

Los ataúdes de cartón serán distribuidos en los dos principales cementerios públicos de la ciudad, Jardines de la Esperanza y Parques de la Paz, y, si fuera necesario, “se entregarán también a Criminalística de la Policía Nacional”, encargada de recoger los cuerpos de las personas que fallecen en sus domicilios.

Al margen, la Fundación Terminal Terrestre gestionó la entrega de otros 150 féretros que también donaron hoy al municipio, según la agencia de noticias EFE.

Esos anuncios responden a la situación generada en las últimas dos semanas, en que el aumento de la cantidad de fallecimientos y el temor al contagio de coronavirus retrasó la disposición de los cuerpos y causó la acumulación de cadáveres en hospitales e incluso en casas particulares.

Los problemas principales son la falta de identificación de los fallecidos en los hospitales y el retraso en el levantamiento de cadáveres en las casas particulares, informó el diario guayaquileño El Comercio.

En ese contexto, un funcionario comunal de Guayaquil llegó a anunciar semanas atrás la apertura de una fosa común en un cementerio público para sepultar allí a los muertos por coronavirus, y días después el presidente Lenín Moreno informó que se construiría en esa ciudad una necrópolis especial para inhumar a los fallecidos por esa enfermedad.

La provincia de Guayas -cuya capital es Guayaquil- concentraba hoy casi la mitad de los 3.636 casos confirmados de coronavirus en Ecuador, con 1.725 (47,4%) y 70% de las 180 muertes, con 126, de acuerdo con el parte emitido esta tarde por el Ministerio de Salud Pública.

Ecuador es el tercer país de Sudamérica con mayor cantidad de casos confirmados -precedido por Brasil y Chile- y el segundo en materia de relación entre contagios y habitantes totales, con 2,1 por cada millón de personas, solo superado por Chile, con una tasa de 2,4.

El ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, advirtió ayer, a través de la cadena oficial de radio y televisión, que “aproximadamente 60% de la población ecuatoriana será contagiada” aunque “la buena noticia es que nueve de cada 10 ecuatorianos que han sido contagiados tendrán síntomas leves o no tendrán ningún síntoma”.

La situación en Ecuador potenció la preocupación en los dos países con los que comparte límites terrestres, Perú y Colombia.

El Ministerio de Defensa de Perú anunció ayer en Twitter que había desplegado cientos de militares y vehículos blindados en una zona de la frontera con Ecuador después de haber detectado en ella 22 pasos clandestinos utilizados para la entrada ilegal de inmigrantes en territorio peruano.

Más tarde, el Ministerio de Defensa de Ecuador reportó que altos mandos de las fuerzas armadas de ambos países se reunieron en el puente internacional Aguas Verdes para “establecer nuevas estrategias de seguridad y coordinar el control de movilidad de la población que habita en la frontera” con el fin de mitigar la propagación del coronavirus.

También Colombia reforzó la presencia del Ejército en la frontera con Ecuador para controlar el ingreso de personas a través de 37 pasos ilegales en coordinación con las fuerzas armadas ecuatorianas, informó el secretario de Gobierno del departamento colombiano Nariño, Francisco Cerón.

“El trabajo mancomunado es el que nos permitirá desarrollar procesos de contención de la población inmigrante” para “evitar que el riesgo que se produce por esta pandemia llegue hasta el interior del país”, dijo Cerón, citado por EFE.

 

Fuente: Infobae.

Tags: coronavirusEcuador
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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