La compra de armas en Estados Unidos llegó a niveles récord en marzo en medio de la incertidumbre por el avance de la pandemia de coronavirus, según estimaciones basadas en datos del FBI. Precisamente este organismo, registró más de 3,7 millones de comprobaciones de antecedentes penales de potenciales compradores, un 41% más que en febrero.
La venta de armas carece de registros oficiales en Estados, pero la industria suele utilizar los datos de la agencia federal de seguridad para medir los movimientos en el mercado. Los datos de marzo no tienen precedentes desde que el sistema arrancó en 1998.
La ley estadounidense estipula que los vendedores con permiso federal deben comprobar los posibles antecedentes de todos los compradores, un gesto que en marzo se efectuó en más de 3,7 millones de ocasiones.
El último dato por encima de los 3 millones data de diciembre de 2015, cuando el gobierno de Barack Obama intentó imponer restricciones a la venta de armas tras el ataque terrorista en San Bernardino, California.
Algo parecido ocurrió en enero del 2012, un mes marcado por la reciente reelección de Obama y las posibles restricciones tras la matanza de Sandy Hook. Aquí, según datos del New York Times, se estimó que, de las 3,7 millones de revisiones de antecedentes, se concretaron alrededor de 2 millones de ventas.
Illinois, con más de medio millón de comprobaciones al FBI, es el estado que encabeza el listado de marzo, seguido de Texas, Kentucky, Florida y California, según los datos divulgados.
Ese aumento ha intensificado las tensiones entre los defensores de la Segunda Enmienda constitucional y quienes apoyan el control de posesión de armas. Los grupos a favor de la tenencia de armas dicen que las largas filas en las tiendas afirman la extendida creencia del derecho a estar armado. Los opositores alegan que agregar armas de fuego a hogares estresados llenos de personas durante las órdenes de cuarentena podría aumentar los niveles de violencia doméstica y suicidios.
Una vocero de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), Amy Hunter, explicó a la cadena CNN que “la venta de armas aumenta en momentos de incertidumbre porque los estadounidenses saben que son ellos los responsables últimos de su seguridad”.
Por su parte, los grupos que abogan por endurecer los controles expresaron su descontento con las cifras. Shannon Watts, fundadora de la ONG Moms Demand Action (Madres Demandan Medidas), cree que “añadir más armas a una pandemia mortífera no hará que nadie esté más seguro, sino hará que la industria armamentística se enriquezca”. En este sentido, manifestó su preocupación por los posibles efectos coercitivos que un arma puede generar en caso de abusos o en personas con problemas psicológicos o económicos.
La Fundación Nacional de Deportes de Tiro señaló que las tiendas de armas reportaron que una mayoría abrumadora de compradores en el último mes han sido personas que antes no poseían armas de fuego. Eso preocupa a los defensores del control de armas, que temen que dichos compradores no puedan recibir el entrenamiento para operar y guardar con seguridad sus nuevas armas.
“Tenemos que prepararnos para el mayor riesgo de que haya más armas de fuego en manos no entrenadas”, dijo David Chipman, agente retirado del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, ahora asesor en el grupo de control de armas de fuego Giffords.
En las últimas semanas, varios estados y municipios han ofrecido diferentes interpretaciones sobre si las tiendas de armas deberían tener permiso de seguir abiertas mientras los estadounidenses se mantienen en sus hogares para evitar propagar el virus. En Los Ángeles, por ejemplo, el jefe policial del condado, Alex Villanueva, ha ordenado en dos ocasiones el cierre de este tipo de negocios en su territorio, lo que ha detonado disputas legales de parte de defensores de los derechos a portar y poseer armas de fuego.
Luego de días de cabildeo de parte de la NRA, de la Fundación de Deportes de Tiro y de otros grupos a favor de las armas de fuego, el Departamento de Seguridad Nacional emitió este fin de semana un aviso en el que declara que los negocios de armas de fuego deberán ser considerados servicios esenciales (como los supermercados, farmacias y hospitales), y por ende se debe permitir que sigan abiertos.
Fuente: Infobae
