Con duras críticas al Poder Judicial de Misiones y al estado del sistema penitenciario debido a la cantidad de detenidos sin condena, el “Equipo misionero de derechos humanos justicia y género” presentó un “hábeas corpus” ante la jueza Correccional y de Menores 1, Marcela Leiva.
Eduardo Paredes y Roxana Rivas reclamaron “medidas alternativas al encierro” para evitar enfermos por dengue y coronavirus en los penales provinciales.
Sostuvieron que “la preocupación surge de las condiciones de hacinamiento e insalubridad que se registran en penales y comisarías, las que están agravadas en este contexto de emergencia sanitaria y que motivó la prohibición de visitas y las dificultades para que los familiares puedan acercar alimentos, elementos de higiene y medicamentos a los internos”.
En diálogo con el programa Primera Plana de la 89.3 FM Santa María de las Misiones el abogado Eduardo Paredes sostuvo que “el decreto (del Presidente Fernández) puso en evidencia lo que la Comisión de Prevención de la Tortura ya presentó a fines de 2019, que las cárceles de Misiones están sobrepasadas, típicas de las capitales latinoamericanas, todas derruidas, sin cumplir los mínimos requisitos, todas con hacinamiento, sin agua suficiente y cloacas colapsadas”.
Críticas al Poder Judicial
“Gran parte del problema lo genera el Poder Judicial. Ese Poder no tiene límites en los encarcelamientos, los plazos de prisión preventiva no tienen marco”, dijo Paredes.
El abogado sostuvo que “el principal responsable no es el Poder Ejecutivo, que sí mantiene estas cárceles en este contexto, sino el Poder Judicial. Y además la absoluta falta de política criminal en esta materia, no hay ninguna comunicación entre el Ejecutivo y lo que hace el Judicial, el STJ no baja directivas a los jueces de Instrucción para que adecuen las detenciones a las normas de la Corte Interamericana. Si redujeran la cantidad de prisión preventiva, tendrían un poco menos de problemas porque por lo menos habría camas para todos”.
El integrante del Equipo de DDHH, Justicia y Género sostuvo que “es inadmisible que en pleno siglo XXI se sostenga que una provincia como ésta no ajuste sus prácticas judiciales y de detención mínimamente a los parámetros internacionales”.
Recordó que “hay personas en la cárcel de Loreto, Gabriel Leal, que está detenido desde 2013 por una causa de hace 20 años con prisión preventiva de siete años sin ser sometido a juicio. La ley 24.390, que regula el Pacto de San José de Costa Rica establece dos o tres años como máximo”.
“Lo que hace el Poder Judicial de la provincia, que en general es un Poder muy oscuro, es una barbaridad. La cantidad de gente detenida y mal condenada es otro tema aparte. Las prisiones preventivas son el gran problema de la práctica judicial que hacinan a las cárceles. Ni siquiera es un problema de los guardiacárceles porque, además de las prácticas internas que tienen algunas muy ilegales, el presupuesto es muy bajo”, cuestionó severamente.
“Estándar muy malo”
“Conozco al Poder Judicial, a los operadores en general, y siempre digo que me conocen por la universidad o por el ejercicio profesional, que las críticas que hago no son personales sino funcionales. En realidad el estándar es muy malo, tenemos un Poder Judicial muy doméstico, muy de levantar el tubo y consultarse todo. Muy, muy dependiente de determinado sector del poder político pero creo que, al menos, deberían repensar lo que están haciendo y bajar una línea”, cuestionó Eduardo Paredes en la entrevista.
Finalmente dijo que “el Poder Judicial se ha convertido en una bolsa de trabajo donde entran abogados a hacer de jueces y siguen las prácticas internas. Nuestro Poder Judicial está muy lejos de tener el mínimo estándar constitucional”.
