En medio de la pandemia del coronavirus y de una creciente tensión por su gestión de la crisis sanitaria, el gobierno de Estados Unidos imputó este jueves en sus propios tribunales al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y a otras influyentes figuras de ese país por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero, a la vez que ofreció recompensas millonarias para facilitar sus detenciones.
Desde Venezuela, Maduro no respondió directamente a la ofensiva estadounidense, pero sí volvió a acusar en Twitter a ese gobierno y a su principal aliado en América Latina de intentar desestabilizar su gobierno. “Ratifico mi denuncia! Desde Estados Unidos y Colombia se conspira y han dado la orden de llenar de violencia a Venezuela“, dijo.
“Como jefe de Estado estoy obligado a defender la paz y la estabilidad de toda la patria, en cualquier circunstancia que se nos presente. ¡No han podido ni podrán!”, agregó el mandatario.
Su canciller, Jorge Arreaza, fue aún más directo en un comunicado, citado por la cadena de noticias RT, donde denunció que “es una nueva forma de golpe de Estado”.
“La política de cambio de gobierno por la fuerza en Venezuela está destinada al fracaso. Ofrecer recompensas al estilo de los vaqueros racistas del lejano oeste demuestra el desespero de Washington y su obsesión con Venezuela“, subrayó.
La imputación de un jefe de Estado extranjero en funciones por un delito criminal en el sistema judicial de otro Estado no es algo común.
“Kaddafi tuvo procesos en Estados Unidos y Europa, pero siempre por delitos internacionales como son los crímenes de lesa humanidad, los delitos de derechos humanos y de agresión. No recuerdo antecedentes de un mandatario en funciones imputado por delitos internacionalizados“, explicó a Télam Ramiro Riera, profesor de la carrera de Abogacía de la UBA y especialista de derecho internacional y derechos humanos.
Los delitos internacionalizados, como el crimen organizado y el narcotráfico, no tienen una corte internacional competente, como si los delitos internacionales.
La imputación contra Maduro significa que el mandatario podría ser detenido si pisa Estados Unidos. Pero las consecuencias pueden ser mayores.
“Si Maduro viaja a la ONU, eso puede ser un gran problema. El iría como jefe de un Estado con una credencial diplomática de Naciones Unidas a la Asamblea General (con sede en Nueva York). Si Estados Unidos lo detiene, estaría comprometiendo su responsabilidad con relación a la ONU y Venezuela“, explicó Riera.
Además, agregó, que si los jueces federales a cargo ordenan su captura, el gobierno de Donald Trump “podría pedir una orden de detención internacional a Interpol“, una decisión que en última instancia se define con la votación de todos los estados miembros.
Finalmente, Maduro también podría, eventualmente, ser detenido si pisa algún país que posea un tratado de extradición con Estados Unidos. “Los tratados de extradición son complejos y cambian en cada caso. El gobierno en cuestión deberá analizar el suyo y determinar si debe aplicar la detención y extradición o no”, concluyó el especialista.
Trump no reconocía a Maduro como mandatario legítimo y le había impuesto varias sanciones financieras y políticas a él y su círculo íntimo. Sin embargo, la imputación formal de este jueves en tribunales estadounidense supone una nueva escalada con potenciales repercusiones internacionales.
“El régimen de Maduro está saturado de corrupción y criminalidad. Mientras el pueblo venezolano sufre, estos conspiradores llenan sus bolsillos con dinero de la droga y de los frutos de su corrupción. Esto se terminó“, sentenció el fiscal general estadounidense, William Barr, en una conferencia de prensa virtual, al anunciar las imputaciones hechas en tribunales federales de Nueva York, Washington y Miami.
“La imputación de Maduro y los demás acusados por supuesta conspiración para inundar Estados Unidos de cocaína implica a la extremadamente violenta organización terrorista de las FARC“, agregó Barr, citado por la agencia de noticias DPA.
Según explicó, desde que era canciller del hoy fallecido Hugo Chávez, Maduro utilizó a las FARC -la guerrilla hoy desmovilizada a la que calificó como “uno de los mayores productores de cocaína de todo el mundo”, una declaración que no se apoya en ninguna evidencia conocida- para hacerse de la droga, a cambio dar “protección política y militar a las FARC” en su guerra con el Estado colombiano.
Barr aclaró que, tras el acuerdo de paz firmado por las FARC, Maduro se sirvió de los elementos rebeldes de esa guerrilla, que no aceptaron dejar las armas para continuar traficando droga y enviándola a Estados Unidos.
Además, Barr imputó al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello; el vicepresidente económico, Tareck El Aissami; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; el ex comandante militar Clíver Alcalá Cordones, y el ex director de Inteligencia militar Hugo Armando Carvajal.
En una acusación separada, también imputó al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, por “blanqueo de capitales” a escala internacional y “conspiración”.
En medio de esta confusión, el gobierno estadounidense ofreció 15 millones de dólares como recompensa para quien ayude a detener o procesar a Maduro, y 10 millones por información sobre cada uno de los otros imputados.
Pese a este anuncio, cuando la prensa le preguntó a Barr cómo lograrían traer a Maduro y los otros imputados a suelo estadounidense para juzgarlos, el miembro del gabinete de Trump respondió: “No voy a especular.”
Fuente: Agencia de NoticiasTélam
