Desde el lunes último, se abrieron en los tribunales de Comodoro Py 2002 unas 20 causas diarias por denuncias de violación del aislamiento de personas que, en algunos casos, fueron sorprendidas en flagrancia y, en otros, sobre quienes se ordenaron medidas de prueba para comprobar si cometieron los hechos delictivos, explicaron a Télam los voceros.
La fiscal federal Alejandra Mángano entregó al juez federal de turno Luis Rodríguez un dictamen con un protocolo de actuación que diferenció entre dos tipos de casos, flagrancia y no flagrancia.
“Una vez transcurrido el plazo de aislamiento previsto por la norma, se reciba declaración indagatoria al sujeto denunciado” en los casos en que fueron sorprendidos violando la cuarentena, es decir, en “flagrancia”, según el texto al que accedió Télam.
En estas situaciones la fiscalía estableció que se debe comunicar de inmediato a la autoridad sanitaria “el lugar de hallazgo del sujeto denunciado”, garantizar el “aislamiento inmediato” con consigna policial de ser necesario y verificar en consulta con Migraciones la fecha de ingreso al país, en caso de ser un viajero que regresó a la Argentina
En los casos de denuncias donde no se sorprendió al imputado in fraganti, la fiscalía dispuso que de inmediato se presente la autoridad sanitaria en el domicilio, se verifique si se hizo consulta a la línea de denuncias sanitarias, si es viajero o persona allegada, la existencia de síntomas y se establezca consigna policial u otro método efectivo para garantizar aislamiento hasta “tanto la autoridad sanitaria pueda establecer correctamente estas circunstancias”.
En forma paralela, la fiscalía impulsó medidas de prueba para determinar si efectivamente la persona violó la cuarentena, entre ellas la revisión de cámaras de seguridad cercanas, consultas a su lugar de trabajo y chequeo de consumos de sus tarjetas de crédito en comercios cercanos al domicilio declarado.
De acuerdo a los resultados de estas diligencias se establecerá caso por caso una eventual citación a declaración indagatoria.
En todos los casos se investiga e imputa por el artículo 205 del Código Penal y violaciones al aislamiento obligatorio posteriores al 12 de marzo, fecha del decreto presidencial que impuso la medida.
La norma prevé de seis meses a dos años de prisión a quien “violare las medidas impuestas por la ley o por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Según fuentes judiciales, la mayoría de los imputados son viajeros denunciados por no respetar la cuarentena obligatoria de 14 días, aunque también hubo casos de “contactos estrechos” o gente con síntomas que debía guardar aislamiento.
Fuente: Agencia de Noticias Télam
