“Hemos tenido que llegar al punto de tener que comprar un barco, que se encuentra en las inmediaciones de nuestras costas, porque el armador se negaba a atracar“, explicó el ministro de Transporte, Eduard Rodríguez a la televisión estatal, destacando que se trata de petróleo ya adquirido por Cuba.
El ministro no aclaró el origen del barco, que Cuba ha adquirido con los “limitados” recursos de los que dispone, según el gobierno por las presiones derivadas de las décadas de bloqueo norteamericano, endurecido en estos últimos meses por sanciones del presidente Donald Trump.
Rodríguez confirmó que otra empresa ha cancelado un contrato para comprar dos aviones de la aerolínea estatal Cubana de Aviación por miedo a posibles represalias en el marco de la Ley Helms-Burton, que abre la puerta a denuncias contra empresas extranjeras con contratos con el gobierno, citaron medios locales y la agencia de noticias Europa Press.
El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, expresó esta semana sus quejas por el bloqueo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El jefe de la diplomacia cubana acusó a las autoridades norteamericanas de recrudecer lo que ha considerado un “acto de genocidio, una violación flagrante, masiva y sistemática de los Derechos Humanos de nuestro pueblo“.
La Ley Helms-Burton
La isla renovó en abril de 2019 su rechazo a la “ilícita” ley Helms-Burton y la posible reactivación total de su título III, todavía suspendido con excepciones por la administración del presidente Donald Trump, que decidió resucitar la polémica medida, firmada en 1996 y desactivada por sus antecesores.
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Cuba declaró entonces su “absoluto rechazo” a la “política hostil” de Estados Unidos y su “total condena” a la ley Helms-Burton, cuyo título III permitiría a los cubano-estadounidenses reclamar propiedades en la isla confiscadas hace más de cinco décadas, una iniciativa que el cuerpo juzgó “genocida”.
El polémico punto de la norma fue creado para permitir que los estadounidenses, incluidos los cubanos naturalizados, pudieran demandar ante cortes de Estados Unidos a las empresas que se beneficiaron con la estatización de propiedades después de la Revolución de 1959.
Desde su aprobación, la disposición fue suspendida por todos los Gobiernos estadounidenses cada seis meses, pero el Ejecutivo de Donald Trump acortó cada vez más esos plazos: primero lo anuló por 45 días, luego durante un mes y más recientemente por solo dos semanas, consignó la agencia EFE.
La Asamblea cubana insistió en que la ley Helms-Burton es “inaplicable” y no tiene “efecto jurídico” en la isla, según la Ley de Reafirmación de la Dignidad y la Soberanía Cubanas aprobada en 1996 como respuesta a la legislación estadounidense.
Cuando la Ley Helms-Burton se aprobó hace 23 años, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la isla se opusieron porque temían que sus compañías fueran demandadas en Estados Unidos y, por ello, la Unión Europea denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio.
El litigio concluyó entonces con el compromiso de Estados Unidos de mantener el título III suspendido a cambio de la retirada de la querella.
El Gobierno estadounidense cumplió su parte del trato hasta marzo de 2019, cuando anunció que impediría la entrada en vigor de la provisión hasta al menos el 1 de mayo, pero que permitiría las demandas de cubano-estadounidenses contra las más de 200 compañías cubanas que aparecen en una “lista negra” del Departamento de Estado.
Fuente: Agencia de Noticias Télam
