“La decisión de nombrar y mantener al frente de la UFI Amia al fiscal Basso resulta una medida perniciosa y regresiva que debilita ostensiblemente su funcionamiento”, sostuvieron desde la organización a través de un comunicado de prensa.
Allí, además, afirmaron que el nombramiento de Basso en ese rol se realizó “sin ninguna consulta o proceso participativo”, y recordaron que, desde 2018, el fiscal “discontinuó los informes de gestión“, al punto que “se le dificultó a los abogados de Memoria Activa el acceso a la documentación que se encuentra en la Unidad”.
En el comunicado, Memoria Activa informó que ayer requirió formalmente la remoción de Basso al procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.
El pedido fue “motivado en el vínculo familiar existente entre el fiscal Basso y una de las máximas responsables del encubrimiento y desvío de la investigación del atentado a la AMIA, la ya fallecida camarista federal Luisa Riva Aramayo“.
Riva Aramayo, según se probó en dos juicios (por atentado y por encubrimiento), “tuvo un rol protagónico en el ‘armado arquitectónico’ de la falsa ‘pista policial’, lo que selló la impunidad en el caso desviando la investigación del atentado a la AMIA“, destacaron desde Memoria Activa en el comunicado.
La designación de Basso, “implica ponerlo en la posición de tener que valorar también la actuación de su tía” en las causa en trámite por encubrimiento, y en la investigación del atentado, y “suponer que ese vinculo familiar no afectará de ninguna manera la actuación del fiscal Basso resulta una enorme ingenuidad o una injuriosa hipocresía”, sostuvieron.
Además, desde Memoria Activa indicaron que la designación de Basso “resultó injustificada y constituye un enorme retroceso institucional“; y se realizó “sin ninguna consulta o proceso participativo”.
Incluso, mencionaron que, desde 2018, “la nueva gestión de la UFI Amia discontinuó los informes de gestión, dejaron de dar cuenta de todas sus actividades y, en agosto de 2019, se le dificultó a nuestros abogados el acceso a la documentación que se encuentra en la Unidad”.
La imposibilidad de acceder a los documentos que se requerían en el marco de la causa internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son, según Memoria Activa, “maniobras de obstaculización”.
Fuente: Agencia de Noticis Télam
