La Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes impulsará este año la aprobación de una Ley de Hogares en la que se establezcan las reglas, principios y financiamiento de este sistema de instituciones que tienen bajo su resguardo a los niños hasta resolver la restitución de derechos.
En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, el defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Miguel Molina, indicó que “esa ley tiene que amparar al personal que allí trabaja, además de permitir la asistencia adecuada y la profesionalización de la función y la atención del Estado del niño que está bajo su protección. No sólo tener en cuenta la infraestructura, sino todo lo que hace a la atención real y concreta de ese niño hasta resolver su cuestión de restitución de derechos”.
Para Molina, el hogar como institución en la provincia tiene su historia meritoria y es absolutamente necesaria. “Otras zonas del país suprimieron los hogares, nosotros consideramos que son instituciones necesarias que están haciendo el giro para funcionar en un esquema en donde la emergencia y la contingencia sea resueltas en ese ámbito en el menor tiempo posible y se dé paso a las otras dos instituciones: el acogimiento familiar y la adopción”.
En este contexto, argumentó que se necesitan estas tres patas del sistema: hogares convivenciales, acogimiento familiar y adopción. “Si nos falta una, se producen deformaciones como la excesiva permanencia de los chicos en los hogares y el síndrome de la institucionalización”.
Subvención de hogares
En la actualidad, en Misiones funcionan 18 hogares convivenciales y todos ellos dependen de privados, grupos religiosos u organizaciones civiles. Por ello, Molina propone un sistema de hogares convivenciales con una lógica de funcionamiento similar al sistema de escuelas públicas de gestión privada: “Se podría adoptar un esquema similar y no es un universo de miles de instituciones, apenas son alrededor de 20 y pueden llegar a ser unas 30”.
Al ser consultado sobre por qué no es el propio Estado el que tenga sus hogares, el Defensor aseguró que hay cuestiones que no se pueden atender desde el Estado, “como la cuestión afectiva. El funcionario público cumple un horario y determinadas funciones en su puesto de trabajo. Pero hay requerimientos en materia afectiva por parte de los niños, de acompañamiento, de presencia, de representación, que no se pueden cumplir desde esta perspectiva. Cuando recorremos los hogares hay un componente humano, afectivo, vocacional y muchas veces religioso, porque muchos hogares son confesionales y eso también tiene sus bemoles en cuanto a lo que dice la propia convención del niño: los niños tienen que ser respetados en sus creencias. Una adecuada e inteligente interrelación entre estas organizaciones y el Estado sería lo más beneficioso para resolver esta problemática”, analizó.
Más hogares
En el marco de la charla, Molina recordó que el año pasado comenzó a funcionar un hogar en Andresito. “No tenemos hogares en Iguazú, Wanda, Esperanza, San Antonio o Irigoyen, hay zonas en la provincia donde sería conveniente la creación de hogares. El sistema debe permitir una atención institucional y profesional adecuada en determinados puntos geográficos y el sistema debe funcionar de manera armónica y cumplir los tiempos administrativos”, indicó.
“Logramos disponer de información precisa sobre todos los niños que están en los hogares y eso nos permite tomar decisiones y definir políticas al respecto. Comenzamos con una información de 600 niños institucionalizados y hoy estamos con 259. Lo hicimos a través de un trabajo sostenido con la Justicia (identificando los expedientes y ocupándose de ellos) y los hogares convivenciales que participaron en el relevamiento que se hizo sobre infraestructura y equipamiento de esas instituciones”, puntualizó.
Para el defensor, pese al mayor seguimiento, admitió que aún hoy “notamos que se adoptan medidas respecto a los niños y luego no hay un seguimiento, una continuidad… sólo se atiende la emergencia; entonces se producen largas estadías de los niños en hogares hasta que éstos llegan a la mayoría de edad, lo cual es una barbaridad”, advirtió.
No obstante, Molina destacó como herramienta la creación del Registro Único de Niños Institucionalizados, que “nos permite tener información en línea de las altas y bajas, además de la historia de vida de cada niño, su itinerario educativo, su ficha médica, el expediente completo y los tiempos. Este registro es provincial, fue creado por ley y lo estamos instrumentando hace dos años”.
A su entender, hubo una mejora sustantiva en los tiempos de permanencia de los niños en los hogares. “A esta altura, el informe que hicimos da cuenta de un solo niño con 17 años de institucionalización. Pero hay una franja etaria de 53 niños que tienen entre 0 y 5 años que nos preocupa, porque los niños de esa edad tienen que estar en el seno familiar”, sostuvo el defensor.
Familia de abrigo
La elaboración, aprobación e implementación va a requerir un trabajo articulado y la instrumentación de un programa de cuidados alternativos, porque hay familias que quieren cuidar niños pero no quieren adoptarlos.
“Y esa institución tenemos que crearla por ley. Nosotros elaboramos el proyecto, lo incluimos en nuestro informe y vamos a tratar de que este año sea tratado en la Cámara de Diputados y tengamos una Ley de Cuidados Alternativos de Crianza”, dijo Molina.
“A nivel mundial, esta es la alternativa más utilizada para evitar que los chicos estén institucionalizados mucho tiempo y, a fin de garantizar el derecho universal de los niños de vivir en familia, se están instrumentando programas de familias solidarias o sustitutas, que son familias que cuidan de un niño hasta que se produce la revinculación con su familia de origen o la adopción”, explicó Molina.
