Desde hace varias semanas los usuarios del transporte público de pasajeros padecen un calvario, debido a que el Grupo Z redujo notablemente las frecuencias que circulan por Posadas, Garupá y Candelaria. El intenso calor -clásico del verano misionero- sumado a las paradas y las unidades abarrotadas por gente que pasa largo tiempo de espera, generaron malestar en los vecinos.
Es por esta razón que Defensa del Consumidor de la provincia intimó a las empresas del transporte público a que informen sobre la reducción de frecuencias. Hasta ayer martes, la única que respondió fue Bencivenga, mientras que el poderoso Grupo Z obvió la intimación. En el caso de no brindar los datos solicitados el “pulpo del transporte” podría ser multado.
La confianza en el manejo del poder es tal que “ningunean” al Gobierno provincial y municipal como a los usuarios, sin obligación alguna de responder a pedidos de información ni a una intimación en los plazos que se le fijan desde el poder concedente de la concesión.
En conversación con PRIMERA EDICIÓN, Alejandro Garzón Maceda señaló que “la intimación se hizo de oficio y hasta ahora sólo respondió la empresa Bencivenga y las otras no”. Agregó que “se les otorgó 10 días hábiles para responder, contando desde el día de la notificación”, realizada a principio de enero.
El funcionario sostuvo que “una vez que venzan los plazos, se va a accionar por incumplimiento al derecho de la información de los consumidores”. Este punto está establecido en la ley 24.240 de Defensa del Consumidor donde, en su artículo 4, instaura el derecho a la información mientras que el artículo 19 habla sobre las modalidades de prestación del servicio ofrecido.
En la intimación se solicitó a las empresas información sobre los recorridos, las cabeceras, las terminales, cuáles eran las frecuencias anteriores y cuáles son las actuales. Además de ver si se cumplió con el contrato de concesión en cuanto a las notificaciones o a los medios que deben implementar las firmas para dar a conocer dichas reducciones en el servicio.
En este punto, Garzón Maceda manifestó que “es la obligación de la empresa dar la información”. Ejemplificó que “no es lo mismo que una unidad pase cada 15 o 20 minutos a que pase cada 40 minutos”.
Información: ausente
Con la información correcta el usuario sabría a qué hora debe acercarse a la parada o, en el caso de ver un colectivo abarrotado, podría saber el siguiente servicio en poco tiempo. “Es un derecho que tiene el consumidor de saber a qué hora sale el primer colectivo y a qué hora el pasa el último”, sentenció.
“El consumidor tiene derecho a saber cómo, cuándo, dónde y por qué. La idea es que no seamos nosotros los que nos quedemos con la información porque no nos sirve, sino que se transmita al usuario”, aseguró el director de Defensa del Consumidor provincial. Dijo que “también es necesario saber el recorrido de los colectivos porque no todos (los usuarios) saben, y tampoco se puede cambiar la ruta porque sí”. Afirmó, a la vez, que “la información hace a la calidad del servicio”.
“Muchas veces esa actitud de indiferencia hacia los demás, amerita que se aplique la normativa de la manera más efectiva y eficiente posible, para modificar esas conductas que van en detrimento de los consumidores”, reconoció.
En consecuencia, recordó que “es obligatorio que la información esté dentro de los colectivos, como ser los horarios, las frecuencias, los recorridos; sumado a los datos del seguro, la póliza y el teléfono”.
Indicó que “la calidad del servicio tiene que estar brindada”. Y enfatizó que “no se puede ganar a costilla de bajar la calidad del servicio”.
Multas
En lo que respecta a las multas, Alejandro Garzón Maceda subrayó que “las empresas pagan”. “Obviamente las firmas apelan primero”, comentó.
Deslizó que “una vez que sale la multa se realiza un sumario donde se imputa la presente infracción”.
En lo que refiere a los montos, esbozó que “el valor de las multas lo establece la Dirección y es función de la infracción cometida y por el antecedente que tiene”. En este punto, comentó que “van desde los 500 pesos hasta los 5 millones de pesos, que es el máximo”.
Apuntó que en otras ocasiones “a las empresas ya las multaron por falta de información y si bien apelaron, fueron ratificadas por la Cámara y terminaron pagando”.
El funcionario contó sobre otros hechos en los cuales se aplicó la Ley del Consumidor. “Uno de los casos fue el de las automotrices por no informar sobre los valores y el autoahorro”, deslizó.
La baja en las frecuencias
La merma en los recorridos se nota desde el pasado 28 de diciembre, aseguraron los usuarios del transporte público. Si bien desde el Grupo Z lo habían negado a través de sus redes sociales, el secretario de Movilidad Urbana de Posadas, Lucas Jardín, señaló a este Diario vía Whatsapp que hubo una reunión con el consorcio del SITUM en la cual el Grupo Z sólo informó que “hasta el 2 de marzo no hay refuerzos por el receso”. Pero, reconoció que la empresa “no había dado detalle de la reducción”.
En tanto, los pasajeros frecuentes manifestaron que “hay una clara reducción en las frecuencias”. Esta situación derivó en fuertes críticas por parte de los usuarios ya que expusieron que “no todos se toman vacaciones durante estas fechas y tampoco entran en feria como pasa con varias áreas del Estado”.
Incluso en la App Moovit se había “oficializado” un recorte en 51 servicios hasta el 2 de marzo que el Grupo Z aseguró que era información errónea. En un apartado de la comunicación de la aplicación Moovit, rezaba: “Se informa a los usuarios que debido al período vacacional todas las líneas presentan reducción de frecuencia, registrándose esperas de una hora y media”.
