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Multitudinaria concentración en Mendoza contra una ley minera

23 diciembre, 2019

La caravana principal partió desde San Carlos, uno de los principales bastiones en contra de la minería, y fue convocada por funcionarios de esa comuna a través de las redes sociales.

Desde el Ministerio de Seguridad provincial calcularon la cantidad de manifestantes en unas 5 mil personas, pero organizaciones como la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC) estimaron unas 80.000.

La caravana tuvo más de dos kilómetros de longitud, y se fue engrosando por etapas a medida que se iba a cercando a la ciudad de Mendoza, donde se concentró en el nudo vial, en el ingreso a la ciudad capital.

Desde allí, la caravana se dirigió hasta la explanada de Casa de Gobierno, a donde arribaron alrededor de las 9.

Paralelamente, hubo otras manifestaciones en ciudades de la región Este (en Rivadavia), Norte (Lavalle) y Sur (General Alvear) de la provincia, donde cortaron todos los accesos a la villa cabecera de ese departamento y los concejales del PJ pidieron suspender la Fiesta de la Vendimia departamental.

Mientras que los manifestantes exigen al Poder Ejecutivo provincial el veto a la ley, el ex intendente de San Carlos y actual diputado provincial Jorge Difonso aseguró que esa comuna recurrirá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de las modificaciones que se le realizaron a la ley.

En tanto, en la web los hashtags #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia y #La7722NoSeToca eran trending topics en Argentina esta mañana, con 30,9 mil Tweets y 26,6 mil Tweets respectivamente, ocupando el segundo y tercer lugar en las tendencias del país.

La organización ambientalista Greenpeace, por su parte tuiteó: “URGENTE: le quitan el agua a los mendocinos para dársela a las mineras. La decisión legislativa atenta contra la protección de los recursos hídricos de la provincia”

“La modificación a la ley provincial 7.722 representa una clara violación a la Constitución Nacional y los principios de no regresión ambiental y de progresividad, expresamente establecidos en la Ley General de Ambiente “, prosigue el hilo de tuits.

En tanto, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel subió un video a las redes sociales en las que afirma que la provincia cuyana “tiene escasez de agua y debe ser preservada para la vida del pueblo: no se puede utilizar el cianuro y el mercurio para la explotación minera”.

“Reviertan la medida tomada. No a la megaminería”, agregó.

Desde el Gobierno provincial aseguran que las modificaciones a la Ley 7.722, aprobadas en la Legislatura provincial el viernes pasado, garantizan el cuidado del agua y del medio ambiente.

Según el gobierno mendocino, con las modificaciones que se hicieron a la Ley 7722, quedaron abiertas las puertas para dar inicio a 19 proyectos mineros en la provincia y se calcula que esta diversificación de la matriz productiva, reactivará una actividad que moverá en la provincia recursos por alrededor de 349.234 millones de dólares, de acuerdo a estimaciones tomadas en base al valor bruto del mineral.

El secretario de Ambiente mendocino aseguró que no vetarán las modificaciones a la ley minera

El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, Humberto Mingorance, afirmó hoy que “no habrá un veto” a las modificaciones introducidas a ley 7·722 sobre la actividad minera y detalló que los cambios “fueron impulsados desde el Ejecutivo con consenso pleno de los distintos partidos”.

El funcionario destacó que las organizaciones ambientalistas se reunieron con representantes de distintos partidos y les llevaron sus inquietudes pero que lo que se pretende es “elevar los estándares de control minero”.

“La Ley tiene representatividad y se está trabajando con altos estándares ambientales”, precisó Mingorance.

“El oficialismo del Frente Cambia Mendoza y el Partido Justicialista votaron a favor y en contra de la ley, digamos que no se votó en bloque. Entonces esto tiene representatividad. Estamos yendo por los canales institucionales democráticos”, aseguró el titular de la cartera ambientalista.

Mingorance se reunió con cuatro manifestantes que integraron las columnas que partieron anoche desde el Valle de Uco y que hoy se concentraron frente a la explanada de la sede gubernamental.

“Estamos abriendo una puerta de diálogo con estos sectores y yo los he invitado a formar parte de un observatorio para que tengan toda la información y sean parte de la toma de decisiones”, precisó.

Indicó que la ley “está en el proceso administrativo de promulgación. No sé si se promulgará hoy. No sé cuál es el recorrido administrativo de la ley. Ya les expliqué a estos referentes que no tengo horario ni fecha para las reuniones. Voy a trabajar todo el verano y mis puertas están abiertas”, aseguró el funcionario, quien viene de la gestión del ex gobernador Cornejo en ese mismo cargo.

Mingorance aseguró que “se está trabajando con altos estándares ambientales al igual que hicimos con el fracking”, y en ese sentido agregó: “Buscamos que se compare con los mejores ejemplos, no con los malos. Un ejemplo positivo es Australia, que genera el 40% del PBI a través de la actividad minera”.

Fuente: Agencia de Noticias Télam.

Tags: Ley 7722ManifestaciónMendozaMinería
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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