A cuatro días de hacerse cargo del Gobierno, Alberto Fernández tomó varias decisiones económicas que este Diario había anticipado en exclusiva hace varias semanas, pero faltan más, varias más.
Haciendo uso de la mayoría parlamentaria que se construyó con legisladores propios del Frente de Todos, como con las vertientes peronistas y provinciales, el Presidente también hará partícipe al Congreso de las otras medidas por venir. Para ello, convocó a sesiones extraordinarias entre el 13 y el 31 de diciembre.
Hasta ahora se conoce el título del proyecto que remitirá para el tratamiento legislativo: “solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia económica”. A grandes rasgos se sabe que propondrá la emergencia económica (rigió en el país entre 2002 y 2017); la social; financiera y la sanitaria. Facultará al Poder Ejecutivo para otorgar aumentos a jubilados, planes sociales y salarios.
Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, le dijo a la web del diario La Nación, que esa iniciativa incluirá un impuesto a los consumos en dólares, moratoria fiscal para las PyME y modificaciones en las alícuotas de Bienes Personales.
La preocupación central de la gestión, está puesta en la generación de recursos financieros en una caja que tiene poco y nada para los meses venideros, con una economía que requiere un “shock” de circulante para no profundizar el efecto negativo en la población.
Recursos que se requieren en lo inmediato, para ir planificando la economía posterior a mayo de 2020. Si bien el inicio de las decisiones publicadas oficialmente pasaron por el incremento de las retenciones a las exportaciones, la mayoría de los sectores económico-financieros con intereses en la Argentina, aguardan el paquete impositivo para esta semana.
Pero Alberto Fernández y su Gabinete necesitan de “superpoderes” que impondría la sanción legislativa de la emergencia económica para modificar, mediante DNU o decisiones administrativas, las partidas presupuestarias, las alícuotas de impuestos, renegociar los contratos de los servicios públicos en manos privadas como fijar tarifas, regular los precios de la canasta básica, entre otras, sin necesidad de que el parlamento intervenga.
Cambiemos anticipó desde la UCR y el PRO que no acompañará la cesión de facultades pedida, por lo cual el oficialismo necesitará en Diputados todos los votos aliados. No así en el Senado donde goza de mayor holgura política.
En materia de tarifas, al igual que hizo el gobernador bonaerense Axel Kicillof, la Nación no contemplaría incrementos en servicios como luz, agua y gas durante el verano. Más complicado aparece el panorama con las petroleras por los precios de los combustibles. Cafiero negó en sus declaraciones que se piense en un congelamiento de tarifas a largo plazo.
Esta semana hubo un paso muy importante, una señal para los mercados financieros ante el riesgo de default. El Gobierno nacional abonó deuda reperfilada por unos 500 millones de dólares, y ahora deberá afrontar pagos por el equivalente a 1.750 millones de dólares antes de finalizar el año. Se hizo un pago por Letras del Tesoro en moneda estadounidense por unos 200 millones de dólares y también Letras en pesos capitalizables (Lecaps) por cerca de 18.000 millones de pesos, equivalentes a 300 millones de dólares.
Por cinco mil millones de dólares
La aparición pública del ministro de Economía de la Nación Carlos Guzmán, para cumplir con la formalidad de presentarse sin anunciar medidas sino trazos ya conocidos de los planes oficiales, parece ser la muestra que existe un paquete planificado por un equipo más amplio de economistas y una decisión final en la persona del propio Fernández.
De hecho, la suba de retenciones se publicó en el Boletín Oficial ayer sin ningún tipo de anuncio mediático. De allí la “sorpresa” que la dirigencia agraria expresó por los medios de comunicación de la pampa húmeda. Si la pretensión era discutir previamente una medida, el Gobierno fue contundente en el mensaje político: las decisiones se toman, aunque no gusten, porque urgen medidas.
El equipo de Alberto Fernández sabe que no hay tiempo. Que la crisis es tal que no admite hacer “la plancha” durante el verano, para ver si se negocia la deuda con los acreedores y aparece alguna inversión impensada.
Por eso ayer dispuso que la soja exportada aporte un 30% y otros cereales un 12%. Además, estableció un 9% de derechos de exportación para la carne vacuna, aviar y la pesca, así como para la leche en polvo, la harina de trigo, el maíz pisingallo, legumbres y el maní.
Según una estimación publicada por el diario El Cronista, “De acuerdo con las estimaciones de cosecha y con los valores FOB oficiales, quedan por comercializar 39,8 millones de toneladas de la soja nueva, por u$s 13.700 millones; maíz por 31,9 millones de toneladas y u$s 5.327 millones; y trigo por 6,9 millones y u$s 1.414 millones”. Así, de no haber complicaciones en la cosecha y si se vende todo, aportarían al fisco unos 4.920 millones de dólares (unos 2.000 millones más que el esquema de retenciones anterior).
La Mesa de Enlace pidió reunión con el Presidente de la Nación y, a la espera de la respuesta oficial, se juntará mañana para analizar los pasos a seguir. En el sector agropecuario sospechan que las retenciones podrían ser superiores si el Estado se ve necesitado de más fondos.
“Nosotros necesitamos traer dólares. Nuestro programa se define en parte en la idea de mejorar el perfil exportador del país. No buscamos ningún régimen prohibitivo ni mucho menos, pero sí que se adecue a las necesidades que tiene el resto de la Argentina”, advirtió ayer Cafiero.
Impuestos más altos
El plan fiscal principal será ampliar el paquete impositivo, con el incremento del impuesto a los Bienes Personales. Santiago Cafiero, confirmó al diario La Nación que propondrán al Congreso subir las alícuotas. “La del 0,25% pasaría al 0,50%; lo que ahora 0,50% pasa a 0,70% y así”, excluyendo a viviendas familiares por hasta los 18 millones de pesos. “No se mueven los mínimos imponibles”, lo que, sostuvo Cafiero, permitirá que el que no pagaba antes siga sin pagar ese impuesto. Hoy, ese mínimo está fijado en dos millones de pesos.
También crece la posibilidad de poner un impuesto al “dólar turismo” para compras en el exterior con tarjeta de crédito y débito de entre un 20 y 25%. En este caso, hay un debate en Economía sobre la letra fina de la medida, respecto al alcance y la posible retroactividad de la aplicación.
A la par, se espera una amplia moratoria que permita reempadronarse a quienes quedaron “cercados” por las medidas anteriores de la AFIP en la era Macri, donde el plan de pagos no tenía beneficios.
“Vamos a agregar un concepto que el Estado les pide a sus acreedores. Le vamos a dar tiempo para crecer así después puedan pagar sus obligaciones a la AFIP. El proyecto nuestro supone un período de gracia entre 4 y 6 meses”; “Necesitamos que los sectores que han sido más golpeados sean los primeros que sientan un alivio. Que vuelva la capacidad de compra y de consumo. Y eso hará que la economía vuelva a crecer. Para eso tenemos pensado una batería de medidas para los sectores más postergados”, declaró ayer el Jefe de Gabinete nacional.
El otro anuncio que provocó “ruidos” empresariales fue la imposición de la doble indemnización, por 180 días, sin estar acompañada de medidas de incentivo a la generación de empleo, como ser una excepción de aportes para quienes tomen nuevos empleados. En este caso como en las retenciones al agroexportador, podrían aparecer más novedades esta semana. Por ahora, la doble indemnización apareció aislada de la planificación inicial del equipo económico.
Precio preocupantes
En Comercio Interior de la Nación trabajan a contrarreloj con un nuevo paquete de Precios Cuidados. La Casa Rosada espera un “gesto voluntario” especialmente de los formadores de precios de alimentos. La inflación de noviembre del 4,3% con un acumulado superior al 51% en el último año, profundizó la pérdida de poder adquisitivo de quienes aún cuentan con ingresos.
Tras reunirse con hiper y mayoristas, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, podría lanzar una canasta navideña de entre 6 y 8 productos. En ese encuentro analizaron prorrogar el programa de Precios Cuidados, que vence en la primera semana de enero, pero incorporando productos de “primera marca”.
La secretaria de Comercio Interior, Paula Español tendrá un desafío esta semana: acordar con la industria alimenticia el Plan Alimentar. El Gobierno estudia destinar el año próximo casi $60.000 millones al mismo y beneficiar a 1,2 millones de personas de bajos recursos que podrían acceder a una canasta de alimentos y bebidas a precios rebajados, exenta de IVA.
