Con la publicación en el Boletín Nacional se puso oficialmente en marcha el nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), previamente anunciado por el nuevo ministro de Salud de la Nación Ginés González García.
A pesar de aclarar que se trata de una guía de asistencia médica de abortos no punibles en el caso de embarazos de alto riesgo o producto de abusos sexuales, ya generó polémicas en sectores sociales tan opuestos como las organizaciones provida y los frentes feministas.
Con una tradición conservadora en distintas localidades y numerosos casos de las llamadas “niñas madres”, Misiones sigue debatiendo acerca del aborto, sea éste legal o penalizado. Para interiorizarse de las posturas presentes, PRIMERA EDICIÓN dialogó con algunos referentes de organizaciones sociales de la provincia para conocer las repercusiones del protocolo ILE.
Desde Red de Mujeres Profesionales por el Derecho a Decidir, Carolina Carbó explicó que “en verdad lo que hace el protocolo es clarificar la regulación que existe. Da instrucciones precisas para el personal que atiende la salud directamente en estos casos (abortos no punibles) para que no quede lugar a dudas de cómo se debe proceder. Esto se relaciona, lamentablemente, con las nefastas intervenciones que hubo en varias instituciones de salud del país”.
Asimismo, añadió que este protocolo “da lugar a una legislación vigente desde 1921, clarificando las disposiciones a partir del nuevo Código Civil del 2015. También incorpora los preceptos de determinados por la Corte Suprema de Justicia del 2012. El protocolo ILE viene a clarificar las intervenciones en la interrupción legal del embarazo. En ese sentido, cuando los profesionales son objetores de conciencia tienen que habérselo declarado previamente y deben derivar automáticamente sin demoras intencionales que hagan más difícil la interrupción. El protocolo sin lugar a dudas es un avance pero el problema está en cuando se lo lleva a la práctica”.
Respecto a las posturas provida presente en varias localidades, Carbó aseguró que “es muy preocupante y también lo es en cuanto a las nuevas autoridades provinciales que asumieron en distintos ministerios. Vemos que en lugar de cambios han sido retrocesos, porque son personas que se han declarado en contra de los avances en materia de derechos humanos conquistados e inclusive presentes hace tiempo”.
Por otra parte, acusó que “la provincia viene adhiriendo a todas estas legislaciones como el protocolo nacional de ILE. Sin embargo, dentro de las instituciones de salud la mayor parte del personal se dice provida y atenta contra su aplicación. La provincia firma y adhiere pero en la práctica sucede todo lo opuesto”.
Como parte de esta Red recordó que “en Eldorado tuvimos el caso de la gestación de un embarazo gemelar en una niña de 11 años donde nunca se les explicaron los riesgos de continuarlo y sus derechos a interrumpirlo al ser producto de un abuso. En esto es terrible naturalizar que una niña pueda ser madre, con sólo tener la capacidad de gestar. Se obvia que tengan más posibilidades de morir durante el embarazo, además de todos los problemas psicológicos y emocionales que acarrea llevar una gestación. Llevar adelante una maternidad en una niña que no está en condiciones de hacerse cargo de otra persona es muy terrible porque habla de un voluntario desconocimiento de los derechos de la niñez”.
Entre los grupos provida de Misiones, desde Eldorado Miguel Hundt sostuvo que “esto es algo que ya se viene gestando desde la gestión de Gobierno anterior. Por parte de las organizaciones provida existe un absoluto rechazo a la implementación de este protocolo que está en el Boletín Oficial de la Nación. Además lamentamos que uno de los primeros actos de gestión del nuevo ministro de Salud el promover la interrupción legal del embarazo”.
A su vez, este referente indicó que “las organizaciones provida entendemos que es en detrimento de la madre y se descarta la vida de los niños. Queremos también decir que se trata de un protocolo, por el cual nadie estaría obligado a llevarlo adelante porque no es una ley de aborto. El año pasado se tomó una decisión sobre la buscada ley, por lo tanto el aborto no es legal en Argentina”.
En distintos puntos del país, los movimientos provida ya están organizando intervenciones públicas en rechazo al protocolo ILE y el proyecto de Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “El frente provida de Eldorado está conformado por distintos sectores de la sociedad, sacerdotes, pastores, profesionales y agentes de salud, que seguramente en el próximo año generaremos una nueva movida en la ciudad”, contó.
Hundt precisó que “estamos en una provincia con un explícito cuidado hacia las dos vidas y desde la comunidad estuvimos trabajando para que en la revisión de la carta magna estuviera el derecho a la vida. Hoy el niño por nacer tiene su reconocimiento. Así que Misiones es una provincia que no está siendo arrastrada, como sí lo hacen otras, a generar políticas públicas en relación a una legalización del aborto. Eldorado cuenta con una resolución municipal con un gran peso en el Ejecutivo y una presencia en el Concejo Deliberante. Esta ciudad es una punta de lanza en la defensa de las dos vidas en la provincia”.
Algunos puntos presentes
Al momento de solicitarse una Interrupción Voluntaria del Embarazo, el protocolo establece que el profesional médico puede solicitar una objeción de conciencia de manera individual pero la institución médica debe asegurar el cumplimiento del protocolo.
En caso de objeción ante la solicitud de una ILE, el médico está obligado a derivar a otro personal médico disponible para la realización de la práctica para que continúe la atención, dejando constancia de ello en la historia clínica.
Por otra parte, se aclara que no podrá ejercerse la objeción de conciencia si no existiera un profesional disponible para realizar la práctica de forma oportuna, tal y como lo establecen las leyes de derechos del pacientes y de ejercicio de la medicina. Tampoco podrá ejercerse objeción en los casos de emergencia, cuando la práctica deba realizarse de forma urgente, pues pondría en riesgo la vida o salud de la paciente.
Un punto importante es que el nuevo protocolo abarca las identidades disidentes dentro del derecho a ILE: “Establecido en el Art. 86 del Código Penal, corresponde a todas las personas con capacidad de gestar (niñas, adolescentes, mujeres, varones trans, personas no binarias, etc.)”.
