El jueves, la sesión especial del Concejo Deliberante, en la que se aprobó declarar la “emergencia económica, financiera y administrativa” en San Vicente, duró más de tres horas.
Tal como lo había anticipado PRIMERA EDICIÓN, el intendente Fabián Rodríguez envió un proyecto al Concejo local. En el documento incluyó, además de “declarar la emergencia”, contar con “súper poderes”.
Poco después de las 18.30 inició la sesión presidida por Jorge Hasan. Antes de empezar se sabía que sería un proyecto bastante discutido. Y la discordia no tardó en aparecer. La renovación no estaba de acuerdo en declarar la emergencia “administrativa y financiera”; aunque sí coincidía en la económica. Los fundamentos del bloque fueron brindados por la edil y esposa del exalcalde, Elsa Novoa.
De manera inmediata se accedió a un cuarto intermedio, donde se adoptó quitar dos artículos del proyecto original y modificar otros tantos. Se eliminaron los dos puntos donde se otorgaban “súper poderes” al Ejecutivo, que pretendía tomar decisiones sin avisar ni responder legalmente.
Además, se agregó en la ordenanza que el Ejecutivo no podrá modificar ningún punto de la misma sin antes consultar con el Legislativo.
En el proyecto enviado por el intendente, se solicitó “el estado de emergencia, administrativa, económica y financiera en la totalidad de las dependencias centralizadas y descentralizadas del Ejecutivo y del Concejo Deliberante, hasta el 31 de diciembre de 2020, incluyéndose en el presupuesto de cada año la prórroga de su vigencia si subsisten las causales que le dieron origen”.
El Ejecutivo fundamentó que la solicitud la presentó “luego de haber constatado la documentación presentada por la gestión saliente y observando la inexistencia de fondos disponibles, las deudas con proveedores, sumado a las próximas obligaciones de sueldos y sueldo anual complementario del personal municipal se verifica que están dadas las condiciones para declarar al Municipio en emergencia financiera y económica”.
Agregó que con la declaración así “se implementarán medidas preventivas de corrección y contención del gasto para lograr una mayor austeridad en la ejecución presupuestaria y, simultáneamente, procurar una mejora en los ingresos con los que se debe comenzar a saldar la deuda que mantiene la Municipalidad de San Vicente”. Y que “debe ser prioritario el saneamiento financiero, sin que ello ponga en riesgo la prestación de los servicios esenciales”.
Entre las atribuciones, el artículo 2 establece que tanto el “Ejecutivo y como el Concejo Deliberante podrán reestructurar orgánica, funcional y administrativamente todas las áreas”. El artículo 5º se autoriza “a revisar los contratos y a renegociar los cánones y contraprestaciones ya establecidas por el uso de bienes del dominio municipal objeto de concesión y/o permisos otorgados, pudiendo poder poner fin”.
