El Concejo Deliberante de San Vicente tiene en sus manos para su estudio un proyecto que impulsa una nueva regulación del funcionamiento de las industrias (aserraderos, carpintería, talleres mecánicos y otros) que se encuentran dentro de la zona urbana.
La iniciativa presentada por el edil Víctor Núñez tiene que ver particularmente con el horario de funcionamiento de dichos establecimientos, para lo cual se propone la modificación de la Ordenanza 22/2003, más conocida como “Ordenanza de Bromatología”, que en su artículo N°507 sección Q determina “el horario del cese de actividades” y establece que “no se permitirá el trabajo en talleres, aserraderos, gomerías y cualquier otra actividad comercial o industrial que provoque ruidos que trascienden los límites del predio, desde las 20 y hasta las 6 horas”.
Modificaciones
La propuesta del concejal es que se modifique la normativa de hace 16 años y que el Capítulo XIII “Disposiciones Generales, sección N°2 Ruidos Innecesarios, Artículo N°507 Ítems Q “deje establecido como nuevo horario de funcionamiento dentro de la zona urbana de 8 a 12 horas y de 15 a 19 horas”.
Más adelante en el proyecto, el edil renovador pide que las materias primas y desechos que generen estos emprendimientos queden dentro de sus respectivos predios, los cuales deberán estar cerrados con muros.
“Toda materia prima o desechos que utilicen o generen las industrias deben estar dentro de su predio, quedando prohibido su depósito en la vía pública. Toda industria ubicada en la zona residencial o instalada en zonas de viviendas deberá disponer de cerramiento que evite la emisión de residuos, humos o ruidos a las viviendas lindantes y cercanas”, especifica.
Controles y sanciones
Exige además que el ente municipal encargado de controlar la salubridad municipal realice en “aquellas industrias instaladas en la zona residencial el control periódico de las condiciones establecidas en la presente ordenanza”.
Dicha fiscalización estará a cargo del departamento de Bromatología, Calidad Agroalimentaria y Zoonosis de San Vicente.
Las sanciones para los infractores de lo establecido en la normativa serían multas severas, “siendo el Tribunal Administrativo de Faltas el órgano de aplicación”.
El procedimiento se iniciaría con una notificación de las transgresiones y el plazo de un mes para su regularización; en caso de persistir el incumplimiento, las sanciones serían de entre 500 y 2.000 unidades fiscales (atadas al valor del litro de combustible); y en tercera instancia, se establece la “clausura del establecimiento hasta su regularización o traslado al Parque Industrial”.
El proyecto de Núñez también promueve la prohibición de nuevas industrias “dentro de la zona urbana o en zonas residenciales” de San Vicente.
