Por Diego Mestre (*)
En estos tiempos de transición y cambio de color político, es importante vigilar que los derechos adquiridos permanezcan inmunes a los vaivenes ideológicos. Más allá de los cuestionables resultados económicos, nuestro país ha crecido en estos cuatro años en algo fundamental: madurez democrática.
El respeto y la permanente búsqueda de consenso con los múltiples espacios políticos permiten un traspaso de poder ordenado y amigable, con la culminación, en tiempo y forma, de un gobierno no peronista. Lo que parece un logro modesto, es en realidad un hito.
Desde la presidencia de Marcelo T. de Alvear en 1928, este es el primer gobierno en lograr la hazaña, sin que las estructuras de choque “paragubernamentales” afines al populismo, hayan podido truncar el mandato. Representa un quiebre histórico y la reversibilidad de una condena que parecía perpetua.
Tuve el honor de presidir durante cuatro años la Comisión de Justicia de la Cámara Baja y pudimos generar logros en materia legislativa, sobre todo, para dotar a las instituciones de una mayor transparencia y para que el crimen organizado, las asociaciones ilícitas y demás formas de defraudación a la administración pública puedan ser juzgadas y condenadas.
Como oposición, nuestro trabajo será vigilar esos logros y, además, luchar con firmeza por conseguir las reformas que faltan.
Hace unos días tuvimos una señal de alarma con las desafortunadas palabras del presidente Alberto Fernández, quien advirtió que “se van a acabar los operadores mediáticos y judiciales”, haciendo referencia a una investigación del periodista Hugo Alconada Mon, uno de los baluartes de la prensa seria, libre, crítica y digna de una democracia robusta.
En su artículo, el periodista expuso una interferencia judicial por parte de un allegado al presidente, demorando los procesamientos de Lázaro Báez. Las palabras de Alberto Fernández no son inocentes. Y las amenazas veladas por parte de un jefe de Estado son inaceptables.
También es repudiable la manera en que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, juzgada por liderar una asociación ilícita, entre otras causas, arremetió contra los miembros del Tribunal Oral Federal Número 2, insultando la investidura de los magistrados y burlándose, lisa y llanamente, de todo el sistema de justicia.
Claramente, se siente por encima de la ley y ha llegado hasta el colmo de juzgar a sus propios jueces, porque “la historia ya me absolvió”, de acuerdo a sus palabras.
Esos trucos retóricos que contienen amenazas, sarcasmo y victimización, en realidad muestran el desprecio por nuestra democracia y las instituciones republicanas más importantes que la sostienen. Además, son un ejemplo desmoralizante para los argentinos de bien que esperan una justicia en la que nadie se encuentre por encima de la ley.
Para impartir la justicia están los tribunales, los magistrados y las garantías constitucionales que permiten a cualquier ciudadano, sin importar su rango, ejercer su legítimo derecho a defenderse en la corte.
Esta transición ordenada y armoniosa representa una consolidación de nuestra democracia. Pero debemos permanecer alerta: sucede en tiempos complejos, con una realidad latinoamericana llena de imágenes distópicas, violencia urbana, producto de una descomposición institucional que se hace cada vez más evidente.
Algunas democracias son cuestionadas, como ocurre con Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil (podríamos incluir a Venezuela pero no quedan vestigios de democracia allí). Más allá, el resto del mundo está marcado por guerras comerciales entre potencias económicas, populismos nacionalistas y brotes de xenofobia (como en algunos países de Europa).
Vigilar celosamente la salud institucional de nuestra democracia es deber de todos, ya que es el camino más seguro para resolver las incógnitas del futuro e impedir que se deteriore el estado de derecho.
(*) Diputado nacional por la UCR-Córdoba.
