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Laura Alonso y Aranguren, procesados por el juez Luis Rodríguez

6 diciembre, 2019

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el exministro de Energía y Minería Juan José Aranguren fueron procesados por el juez federal Luis Rodríguez en el marco de la causa que investiga supuestas negociaciones incompatibles del ex funcionario por poseer acciones de la petrolera Shell.

Según confirmaron fuentes judiciales a NA, el magistrado decidió el procesamiento de ambos al entender que había pruebas suficientes respecto a la acusación de negociaciones incompatibles con las funciones públicas contra Aranguren con un embargo de 1,2 millones de pesos y por supuesto encubrimiento y abuso de autoridad por parte de Alonso, a quien le trabó un embargo de 1 millón de pesos.

En la causa se investiga el rol de Aranguren en su paso por el Ministerio de Energía y Minería y si afectó su desempeño el hecho de poseer acciones de la petrolera que supo dirigir, mientras que Alonso es cuestionada por una supuesta falta de control de esa situación.

Días atrás, la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción había prestado declaración indagatoria y había rechazado las acusaciones en su contra.

La denuncia se originó en 2016 por una presentación de los diputados nacionales Martín Doñate y Rodolfo Tailhade.

Según acusaron, Aranguren entre 2003 y 2015 fue presidente de Shell, a la par que sería titular de acciones del Grupo Royal Dutch Shell Plc, por lo que existía una incompatibilidad para el ejercicio de la función pública y un conflicto de intereses en tanto la referida compañía petrolera participa activamente del mercado energético, cuya regulación y control le competía a él como ministro de Energía.

La sospecha es porque Aranguren ocupando un lugar en la empresa benefició a ésta con el aumento de tarifas dispuesto en 2016; pero también por la importación de gas desde Chile, favoreciendo a su vez a la firma Shell.

Además, la denuncia se centró en torno a que Aranguren convalidó un contrato donde Energía Argentina SA (ENARSA) habría comprado gas a Chile un 53 por ciento más caro que el gas natural licuado que llegaría por barcos y un 128 por ciento mayor al abonado a Bolivia.

En su fallo, el juez Rodríguez aclaró, no obstante, que la acusación no es porque Aranguren haya trabajado en la empresa Shell, ni que tuviera acciones de la misma durante su gestión pública y evaluó los hechos entre el 10 de diciembre de 2015 y el 23 de agosto de 2016, cuando finalmente se excusa de intervenir en los temas vinculados a la empresa shell.

La maniobra consistió, según explicó el juez, en que la distribuidora CAMMESA -la cual tiene participación estatal- compró en tan solo siete meses a la empresa Shell 16 cargamentos de gasoil por un total de 291.891.108,20 de dólares.

“Todo esto tuvo lugar en el marco de la actividad del imputado como Ministro de Energía y Minería y en la calidad que poseía como tal en CAMMESA, según el mentado Decreto N° 231/2015”, añadió el juez.

Sobre la coartada de Aranguren en cuanto a que el encargado en el tema era un funcionario de menor categoría dentro del área, el juez replicó: “Pretender sostener que todas estas operaciones se desarrollaban bajo el desconocimiento del encartado, ya que había delegado esta atribución en un dependiente suyo, es como decir que un juez desconoce que va a desarrollar un allanamiento en un organismo público de relevancia, porque ha delegado dicho procedimiento en una división de la policía federal”.

En cuanto a Alonso, el juez si bien tuvo en cuenta que el organismo que encabeza llevó adelante una investigación en la cual se determinó que el ex funcionario no cometió infracción, para arribar a dicha conclusión “realizó pedidos a la empresa en la cual Aranguren fue más de diez años presidente (Shell), a la sociedad en la cual el nombrado delegó la presidencia para encubrir una grosera incompatibilidad (CAMMESA) y al propio investigado”.

“De allí que el trámite del expediente resulta superfluo, parcial y completamente desarrollado a la medida del entonces ministro, respecto del cual pesaba una seria sospecha de irregularidad funcional”, analizó el juez.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: #JudicialesArangurenLaura AlonsoProcesamiento
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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