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Habría que transferir la mitad de los alumnos para tener aulas equitativas

21 noviembre, 2019
Imagen ilustrativa

Bajo los uniformes escolares (y los pocos guardapolvos que todavía algunas escuelas usan) se “guardaban” las diferencias socioeconómicas de las familias de los alumnos. Pero esta función de los uniformes se diluye año tras año en Argentina pues, en la actualidad, hay una alta concentración de alumnos por Nivel Socio Económico (NSE) por escuela.

En otras palabras, si el nivel de segregación escolar continúa en aumento, habrá escuelas para pobres y escuelas para la clase media y acomodada.

De acuerdo al informe “Segregación escolar: para tener aulas equitativas, habría que transferir a cerca de la mitad de los alumnos”, del Observatorio Argentinos por la Educación, en el país la segregación escolar por nivel socioeconómico (NSE) es de moderada a alta, lo cual sitúa al sistema educativo entre aquellos con una distribución más desigual de sus alumnos.

Tanto en primaria como en secundaria, sería necesario transferir a una proporción importante de los niños y jóvenes a otras escuelas para lograr una composición estudiantil similar en todas las instituciones educativas.

 

Efecto compañero

La segregación escolar por nivel socioeconómico (NSE) se refiere a que los grupos de estudiantes de distinto origen social se distribuyen de manera desigual entre las escuelas. Es decir, que los alumnos más vulnerables tienden a concentrarse en ciertos establecimientos, y los más favorecidos, en otros.

El informe “Segregación escolar: ¿cuán heterogéneas son las escuelas argentinas?”, con autoría de Natalia Krüger (investigadora de la Universidad Nacional del Sur y CONICET), mide y compara la segregación escolar por nivel socioeconómico entre las provincias argentinas. Se emplean para ello datos de los operativos Aprender 2017 y 2018, en los niveles primario y secundario.

 

Cuando la integración social es limitada en las escuelas, se reducen las influencias positivas de ciertos alumnos sobre los logros educativos de otros (conocidas como el ‘efecto compañero’), se profundiza la desigualdad de recursos y se pierden oportunidades para fomentar la cohesión social y la movilidad social ascendente”, escribe Krüger.

 

 

Crecer y aprender separados

El informe toma dos indicadores para medir el nivel de segregación. El primero es el Índice de Disimilitud, que indica la proporción de estudiantes de la minoría que deberían ser transferidos a otras escuelas para alcanzar una distribución uniforme entre todas las escuelas del sistema educativo. Este índice aporta una medida del grado en que los alumnos se encuentran concentrados en ciertas escuelas.

En promedio, en el país habría que transferir a un 47% de los alumnos más vulnerables de primaria hacia otras escuelas para que su distribución entre establecimientos sea uniforme. Si se observa a los alumnos de NSE alto, habría que transferir a un 62% de dichos alumnos para lograr una distribución equitativa. Los valores de este índice son parecidos en secundaria.

En Misiones, para lograr una matrícula de primaria más uniforme habría que transferir el 49,8% de los alumnos de los niveles socioeconómicos más bajos y al 51,5% más altos a otras escuelas. Algo similar debería hacerse en el secundario para tener escuelas inclusivas, habría que transferir el 49,2% de los estudiantes de NSE bajos y el 43,2 altos.

 

Índice de aislamiento

El segundo indicador es el Índice de Aislamiento, que mide la probabilidad de un alumno de la minoría de encontrarse con alguien de su mismo grupo dentro de la escuela. A mayor aislamiento, menor posibilidad de estar en contacto con otros sectores sociales.

Aquí los datos muestran que los alumnos de NSE bajo tienen una alta probabilidad de encontrarse en la escuela con otros chicos de su mismo grupo en la mayoría de las provincias del NOA y NEA, tanto en primaria como en secundaria. En cambio, en las provincias del Centro y Sur parecen tener más chances de asistir a escuelas socialmente más diversas.

Misiones es la tercera provincia con mayor índice de aislamiento entre los alumnos de primaria de NSE bajo (después de Santiago del Estero y Formosa) y la primera en secundaria (con 55,5%), también con NSE bajo.

Lo contrario se observa para los grupos de NSE alto, quienes se encuentran más aislados en las provincias del Centro y algunas del Sur (Neuquén y Río Negro). En promedio, la probabilidad de compartir la escuela con compañeros del mismo grupo social es de un 36%.

Los datos del informe indican que los grupos de alumnos de NSE alto parecen estar más aislados o concentrados en ciertas escuelas que los estudiantes de NSE bajo. Se destacan por sus mayores niveles de segregación la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. En el extremo opuesto aparecen Jujuy, Formosa, Chaco y La Rioja.

 

Riesgos de la segregación escolar

En este sentido, Emmanuel Vázquez, investigador del CEDLAS de la Universidad Nacional de La Plata, advirtió que “entre las consecuencias principales de la segregación escolar se encuentra la pérdida de cohesión social en el país. La escuela es uno de esos ámbitos que ofrecen la oportunidad de aprender a convivir con personas provenientes de estratos sociales diferentes. Cuando distintas clases sociales no se ‘mezclan’ en estos ámbitos, no pueden comunicarse, conocerse, ni aprender las necesidades y motivaciones del otro, lo que vuelve particularmente difícil entenderlo, favoreciendo el prejuicio y la estigmatización, y llevando en última instancia a un mayor conflicto social en el futuro”.

Por último, Flavio Buccino, maestro y especialista en gestión educativa, aclara: “¿Por qué no es buena, ni deseable la segregación escolar? En primer lugar, porque afecta negativamente al rendimiento del sistema educativo: está demostrado por diversas investigaciones que los resultados globales de los sistemas educativos más segmentados suelen ser peores que los de los sistemas más comprensivos e inclusivos. En segundo lugar porque, como parece obvio, no socializan adecuadamente a su alumnado, pues éste ni tiene un conocimiento directo de la diversidad existente en su ciudad, ni puede hacer en la práctica un aprendizaje vivencial de la convivencia y la gestión de los conflictos”.

A su vez, agrega: “Y, en tercer lugar, porque condiciona en gran manera la trayectoria educativa, las expectativas y los logros del alumnado más necesitado de que el sistema compense las desigualdades educativas con que accede a él”.

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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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