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Tabacaleros no dan el brazo a torcer y apuestan a endurecer las medidas de fuerza

9 noviembre, 2019

La situación se complica con la protesta que llevan a cabo los productores tabacaleros en distintos puntos de la provincia. Así, no dan el brazo a torcer y apuestan a reforzar aún más la medida de fuerza con la que reclaman el pago de $37 por kilo de tabaco entregado y rechazan los $19 que tienen asignados.

Según relataron a PRIMERA EDICIÓN, durante la protesta de los últimos días escucharon varias propuestas, algunas fueron consideradas hasta insólitas, como la de los gremios que ofrecieron “destinar los 200 millones de pesos que tienen que recibir para la obra social, y que ese dinero pase a reforzar el pago de la Caja Verde”.

Otra iniciativa fue transmitida por un dirigente del gremio de la Cámara del Tabaco, haciendo de intermediario de Carlos Pereira, subsecretario de Tabaco de la provincia. “Hay posibilidad que la Provincia intervenga con recursos propios para llegar a $25”, señaló el dirigente y planteó que para ello el Gobierno provincial convocó a una reunión para este sábado en Posadas.

Los productores en asamblea manifestaron: “Hoy (por ayer) somos cerca de mil y ellos saben que el lunes vamos a ser muchos más, y nosotros queremos los 37 pesos, ni un centavo menos”. De esa forma, fue rechazada la invitación del Gobierno provincial.

 

Pedidos puntuales

En una nota dirigida al Gobierno de la Provincia de Misiones, los productores exigieron cuatro puntos: “Solicitamos el pago total de la Caja Verde, con valor de 37 pesos, con la fecha concreta del pago de la misma del monto solicitado por kilo entregado. No queremos por promedio. Que se pague en la fecha que ya está pactada del día 22 de noviembre de 2019”.

Otro punto dice: “Fecha del pago de los 5 pesos por kilo perdido de la campaña 2017/2018, el 15 de noviembre”.

“Que el Retorno se cumpla con la fecha pactada el día 6 de diciembre de 2019. Total 10, 44 pesos por kilo” y, finalmente, “6 pesos que se paguen en la primera quincena del mes de enero del 2020 por kilo entregado”.

Más adelante en la misma nota manifestaron que esperarán por “una respuesta favorable hasta el día martes 12 de noviembre. En caso contrario se tomarán medidas drásticas y el mismo día se cortaría la ruta por tiempo indeterminado”.

 

Contra los dirigentes gremiales

Cabe recordar que los ánimos se exaltaron días atrás cuando el subsecretario de Tabaco, Carlos Pereira, anticipó que el 22 de noviembre se depositará a los tabacaleros el equivalente a $19 por kilo. Ante esto, los productores se mantienen en la postura firme de pedir 37 pesos por kilo de tabaco entregado.

En ese sentido, remarcaron que de no alcanzar un acuerdo realizarán una demanda dirigida hacia los tres gremios por el dinero que falta.

Al mismo tiempo, pidieron la renuncia de los presidentes de las tres instituciones gremiales. Para los colonos la complicada situación se dio “por culpa” de los dirigentes.

En ese sentido, durante el corte de San Vicente estuvieron prácticamente “retenidos” los representantes Gustavo Piñeiro por la Cámara de Tabaco, y Héctor “Cacho” Bárbaro por la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (Actim), que se acercaron para reunirse con los manifestantes.

Por su parte, según indicaron los productores, Omar Olsson, de la Asociación Plantadores de Tabaco (APTM), no apareció en la zona de los cortes para dialogar sobre los problemas que afectan al sector.

Por esos motivos, mientras elaboraban la nota remitida al Gobierno de la provincia y al Ministerio de Asuntos Agrarios, algunos colonos querían que se introdujera como uno de los puntos pedidos “que el Gobierno intervenga los gremios”. En cambio, otros plantearon que se unifiquen los tres gremios y que se elijan nuevos dirigentes.

Finalmente, como ya lo había anticipado este diario los tabacaleros que cortaron la ruta nacional 14, a la altura de San Vicente y San Pedro, decidieron durante la asamblea, por voto unánime, volver el próximo lunes a las seis de la mañana y retomar la protesta en los mismos lugares.

Tags: reclamotabacaleros
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
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