En el lugar, en pleno corazón de la chacra delimitada por las avenidas 115, Urquiza, Monseñór D’Andrea y Alem, hay relevadas 48 construcciones, pero viviría un total de 60 familias, con 63 niños, algunos adultos mayores y varios discapacitados.
Con el objetivo de que el juez de Instrucción 3 de Posadas, Fernando Verón, frene su decisión y convoque a un proceso de mediación, casi todos los pobladores del asentamiento, acompañados por movimientos sociales como la CCC y Barrios de Pie, se dieron cita este miércoles en la Defensoría del Pueblo capitalina.
Allí, el funcionario anfitrión, Alberto Penayo, y el resto de integrantes de la Mesa Interinstitucional (la ministra de Derechos Humanos, “Tiki” Marchesini, y los diputados Martín Sereno y Roque Gervasoni) pidieron públicamente al magistrado que deje sin efecto la orden de desalojo dictada para el viernes.
De hecho, en las últimas horas presentaron un recurso extraordinario de amparo, atendiendo a las leyes vigentes tanto a nivel provincial como nacional que declara de interés público los terrenos incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y suspende en Misiones cualquier tipo de desalojo.
“¿Dónde pretenden llevar a estas familias? No podemos seguir expulsando a la gente a la calle”, argumentó Gervasoni, quien acusó al juez de “prevaricato, al fallar en contra de la ley y perjudicar a una de las partes”, en este caso a los ocupantes que, según Sereno, “no son terratenientes ni tienen mansiones: hay 48 familias en una manzana, están ahí por necesidad”.
Por ello, Penayo y Marchesini insistieron en la necesidad de que “la Justicia llame a una mesa de diálogo y convoque al IPRODHA en busca de una solución para esta gente”.
