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Autoridades universitarias y la policía comunitaria abordan temas de seguridad

22 octubre, 2019

Tras haberse hecho pública la preocupación ante la falta de seguridad en cuatro áreas relacionadas con la actividad universitaria y a partir de que, la semana pasada se habían registrado dos nuevas víctimas de distintos hechos delictivos, hubo un compromiso del Gobierno para establecer acciones en las áreas identificadas como “zonas peligrosas”.

En ese sentido, la semana pasada hubo una reunión entre el vicerrector de la UNaM, Fernando Kramer y el coordinador de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Juan Quintana.

El encuentro se produjo a fin de analizar la situación de seguridad en los espacios públicos próximos a dependencias de la Universidad Nacional de Misiones en Posadas (campus, comedor universitario del centro, gimnasio y la sede del Programa Música) los que se fueron convirtiendo en escenarios recurrentes de ataques de distinta índole.

En la reunión participaron el secretario general de Extensión, Hernán Cazzaniga junto a la titular de la Agencia Universitaria Posadas, Mariela Dachary; en tanto por la plana mayor de la policía de la provincia estuvieron el director ggeneral Jorge Luis Machado; el director general de Seguridad Subcomisario Jorge Rivero; el Jefe de Unidad Regional I, inspector Arnaldo Lagardo; el director de la Policía Comunitaria, y el comisario inspector, Basilio Fonseca de Investigaciones.

 

Policía comunitaria

En este encuentro se planteó la conveniencia de establecer acciones para reforzar la seguridad en las áreas de la ciudad identificadas como zonas de riesgo y promover actividades tendientes a mejorar la prevención de hechos de diferente orden que motivaron la preocupación de la comunidad universitaria expresada en la última sesión del Consejo Superior.

“Fue una reunión positiva, planteamos acciones en la línea del documento que habíamos presentado, con la posibilidad de implementar esos corredores seguros o trabajar con ese concepto de corredores seguros, en aquellas áreas que se encuentran en torno a las dependencia de la universidad”, dijo a PRIMERA EDICIÓN Hernán Cazzaniga, consultado por los detalles del encuentro.

Si bien, desde los últimos acontecimientos no hubo que lamentar ninguna situación parecida, para Cazzaniga urge tomar medidas del caso y avanzar hacia una pronta implementación de los corredores.

“Se acordó trabajar en forma conjunta entre las autoridades de la UNaM, la provincia y el Municipio con el fin de establecer corredores seguros y promover instancias de capacitación con estudiantes y vecinos que estén orientadas a la prevención y formas de actuar frente a hechos que violenten la integridad de las personas”, señaló Cazzaniga al referirse a los aspectos salientes del que fue el primer encuentro de mucho.

Entre otras de las decisiones tomadas en el encuentro, estuvo el de reuniones semanales para la toma de decisiones y planteos de cómo abordar el problema.

En ese sentido, el Secretario General de Extensión, explicó que durante la reunión se involucró en la problemática al área de la policía comunitaria, desde donde se aborda fundamentalmente la cuestión de capacitación a la comunidad para actuar preventivamente.

“Lo concreto es que van a haber reuniones periódicas entre las autoridades de la universidad y la policía para organizar un plan de trabajo identificando las acciones que podemos implementar para mitigar las situaciones de riesgo”, dijo.

Tags: #InseguridadataquesCampus UNaMPolicía Comunitaria
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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